Sánchez amplía la querella contra el juez Peinado: "Incumplen, manifiestamente, el deber de reserva"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha ampliado la querella que presentó en julio por un presunto delito de prevaricación contra Juan Carlos Peinado, juez encargado de investigar a actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, acusada de presunta corrupción y tráfico de influencias.

La Abogacía del Estado considera que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y destacan que la última resolución judicial es de una "injusticia intrínseca" orientada a poner una alfombra roja a las continuas filtraciones del sumario. "Lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno, es darle una publicidad", han asegurado.

"El conjunto de decisiones y providencias que por acumulación si no contradicen abiertamente cualquier interpretación lógica de la ley, tienden a forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que no debió existir no hacen sino refrendar la orientación de toda diligencia instructora hacia su difusión mediática", han explicado desde el órgano administrativo.

Esta situación se ha originado debido a que el juez denegó la petición de la Fiscalía de sustituir el vídeo del interrogatorio a Pedro Sánchez, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa el pasado 30 de julio, por una resolución judicial, debido a que considera que en los "silencios" del presidente se puede obtener alguna "inferencia". Además, la Fiscalía también solicitó que no se diese acceso a las partes- entre las que figuran Manos Limpias y Vox- a la declaración del presidente al considerar que la grabación "carece de cualquier utilidad, material o procesal".

Ese día, Sánchez se acogió a su derecho de no declarar ante el juez, recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar".

El fiscal justificó la petición asegurando que buscaba "evitar filtraciones" que provocarían que la grabación acabase "divulgada de forma improcedente". "Entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse", remarcó entonces el fiscal.

Sin embargo, el pasado 22 de agosto, Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, permitió que todas las partes personadas en la causa en la que investiga a la implicada pudiesen acceder al vídeo de la declaración de Sánchez: "Sin adoptar ningún tipo de elemento de identificación o de seguridad que impida o dificulte las filtraciones que el propio querellado reconoce que se están produciendo".

Ante estas filtraciones, la Abogacía del Estado ha concluido que "incumplen, manifiestamente, el deber de reserva y que el Magistrado Instructor, ahora querellado, conoce, reconoce abiertamente y atribuye a todas las partes. Por tanto, hay conciencia de que lo que sea grabado y entregado será filtrado, pero no se toma ninguna medida contra ello".

Es por esto que, el 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid deberá decidir si le impide al juez Peinado que continúe sus investigaciones en lo concerniente a la causa contra Begoña Gómez.

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