Sánchez cede ante Sumar en la compra de armamento a Israel para mantener vivo el Gobierno de coalición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado la cancelación del contrato con una empresa israelí para la compra de balas destinado a la Guardia Civil. La medida ha llegado tras una oleada de críticas por parte de Sumar, su socio en el Ejecutivo y busca contener una crisis interna en el gobierno de coalición.

El contrato, valorado en 6,6 millones de euros, se había adjudicado a la compañía IMI Systems para suministrar más de 15 millones de proyectiles. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado apenas 24 horas después de la aprobación del nuevo plan de gasto en Defensa, que eleva el presupuesto militar al 2 % del PIB, desató una tormenta política. El presidente ha comparecido este jueves para anunciar que el contrato no se ejecutará.

La decisión es una rectificación directa al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, quien defendía mantener el acuerdo por razones legales. Según Interior, la Abogacía del Estado advertía de posibles indemnizaciones si se anulaba el contrato. No obstante, Moncloa ha impuesto su criterio, alegando "razones de interés general" para frenar la operación.

Sumar se atribuye la decisión

Sumar, liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, mostró desde el principio su desacuerdo tanto con el aumento del gasto en Defensa como con cualquier relación comercial con empresas israelíes. Díaz ha intervenido personalmente en las negociaciones, según ha confirmado ella misma, y ha celebrado públicamente la revocación del contrato como una victoria política y moral.

"España no puede comprar ni vender armas a quienes vulneran los derechos humanos", ha asegurado Díaz en una declaración institucional. También ha destacado que esta decisión refuerza el compromiso del Gobierno con la causa palestina y la paz en Oriente Medio.

Dentro de Sumar, las críticas más duras llegaron desde Izquierda Unida. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, calificó el contrato como una "tropelía" y llegó a advertir que se barajaba la salida del Gobierno. Por su parte, Podemos, que ya no forma parte de la coalición pero mantiene presencia parlamentaria, ha pedido ir más allá: la suspensión de todos los contratos vigentes con empresas israelíes.

Desde el PSOE, se ha tratado de rebajar el tono. Fuentes de la dirección socialista insisten en que "nunca estuvo en riesgo la estabilidad de la coalición" y aseguran que se actuó con rapidez en cuanto se tuvo conocimiento del contrato. También subrayan que la cancelación confirma la coherencia del Gobierno con su postura oficial desde los atentados del 7 de octubre: no firmar ni ejecutar acuerdos con empresas israelíes en materia de armamento.

La Abogacía del Estado y los ministerios afectados estudian ahora cómo afrontar posibles consecuencias legales tras la rescisión unilateral del contrato. No se descarta que la empresa adjudicataria reclame una compensación.

Podemos minimiza la recisión

Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha criticado que "el problema" no es la rescisión de "un contrato particular" de seis millones de euros para la compra de munición a una empresa israelí, sino que el Gobierno de Sánchez "se ha convertido en un gobierno de la guerra". En un acto en Zaragoza, ha denunciado una escalada militar sin precedentes, con contratos a empresas israelíes y un gasto de 10.500 millones en defensa. Afirma que esto supone recortes sociales y una sumisión a la OTAN y a figuras como Donald Trump.

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