Digitalización
Sánchez presenta la Carta de Derechos Digitales, la apuesta del Gobierno para liderar el "humanismo tecnológico"
El presidente ha firmado en Moncloa esta nueva medida, uno de los grandes proyectos del Ejecutivo en materia digital, pese a que el proyecto no implica modificar la legislación actual.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado este martes en el Palacio de la Moncloa la Carta de Derechos Digitales, a la que se ha referido como "uno de los compromisos más importantes del Gobierno de España".
"Nos estamos situando, por primera vez, a la vanguardia en Europa de una gran debate que se está abriendo ya", ha dicho durante su comparecencia, que ha llegado después de las intervenciones de Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Diana Morant, nueva ministra de Ciencia e Innovación.
"Se trata, sobre todo, de proteger los derechos de la ciudadanía, de reconocer y ampliar otros derechos y libertades de los ciudadanos", ha dicho. "La era de Internet, de la transformación digital y de la Inteligencia Artificial, además de muchas ventajas y avances, lleva consigo nuevas vulnerabilidades de extrema gravedad".
Los más perjudicados por el avance tecnológico
Sánchez ha enumerado algunas de las desventajas que implica el avance tecnológico: la exposición íntima de los más pequeños, el 'bullying' en redes sociales a menores o adultos que, por haber llegado tarde al manejo de los ordenadores, son incapaces de realizar gestiones cotidianas con su banco, administración pública o médico y que, como consecuencia de ellos, se ven excluidas de la gestión de temas esenciales para su bienestar.
En ese sentido, la carta recoge derechos de los usuarios en cinco grandes grupos: derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación y conformación del entorno digital, derechos de entorno laboral y empresarial y derechos digitales en entornos específicos.
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Sin modificación legal
En ella se especifica que "no tiene carácter normativo, sino que su objetivo es reconocer los novísimos retos de aplicación e interpretación que la adaptación de los derechos al entorno digital plantea". Es decir, que el proyecto no implica modificar la legislación actual.
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