El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha advertido a las comunidades autónomas de la forma en la que algunas están devolviendo la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares porque puede tener "consecuencias catastróficas" como multas diarias millonarias por parte de la UE.
Moreno se ha expresado de esta manera durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, en la que ha expuesto los presupuestos de su Secretaría para el próximo año y que ascienden a 317,21 millones de euros, un 2,05% más que en 2014.
Ante las críticas de la diputada del PSOE, Guadalupe Martín, por no haber materializado aún la devolución de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, como anunció el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, Moreno ha señalado que se tiene que estudiar "muy bien" la manera por los problemas que podría acarrear. Ha indicado que, tal y como ocurre siempre que las comunidades aprueban normas propias, están siendo estudiadas por parte de la Abogacía del Estado.
Ha explicado que medidas como las adoptadas en la Comunidad Valenciana, Baleares o Cantabria para atender a los 'sin papeles' "probablemente pudieran estar vulnerando las competencias" que constitucionalmente son del Estado aunque ha aclarado que hay que estudiarlas.
Pero para Moreno "aún más importante" que la constitucionalidad o no de estas medidas son las consecuencias que puedan conllevar, porque si las comunidades autónomas devuelven la tarjeta sanitaria a los irregulares, también tendrían que atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región tras tres meses de residencia y que no paguen el seguro en su país de origen. "Imagínate tratar a los pacientes europeos y que en lugar de asumir los costes el país de origen lo haga la comunidad autónoma que le toque", ha dicho el secretario general, en declaraciones a los periodistas tras la comparecencia.
En ese caso, según ha dicho, España volvería a la situación previa de la reforma sanitaria en la que estuvo a punto de ser condenada por el Tribunal de Justicia Europeo y eso implicaría pagar multas millonarias cada día y la paralización de los fondos europeos, entre otros. "Significaría que cada día que pasa de incumplimiento es una multa millonaria, paralizar todos los fondos europeos que recibe España, y asumir la tesis del dictamen motivado, que significa que cualquier ciudadano europeo que venga aquí tenga o no seguro le tienes que dar tarjeta sanitaria, según cómo esté escrita la norma", ha avisado Moreno.
Por otra parte, durante su comparecencia, el secretario general ha dicho que gran parte del presupuesto de su departamento para 2016 está destinado a financiar el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que contará con 234,36 millones de euros. Sobre las cuentas de la Dirección General de Salud Pública, ha señalado que se incrementan un 2,98% hasta alcanzar 251,94 millones de euros y como novedad se incorpora una partida de 1,75 millones para el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados de la UE.
