Los detenidos en la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil de manera simultánea en ocho provincias españolas pasarán este jueves a disposición de la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, según han informado fuentes de la investigación.
En este sentido, las mismas fuentes han precisado que en el marco de esta operación fueron detenidas un total de diez personas, aunque una de ellas, concretamente el exdirector de una sucursal bancaria, fue puesto en libertad por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que además han imputado a medio centenar de personas y han realizado diez registros.
De este modo, la Guardia Civil ha detenido en Sevilla a tres personas, como son el exgerente provincial del IFA y director del Area de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien fue inmediatamente cesado por esta institución y que se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil; el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, y el empresario José Joaquín Barneto.
Asimismo, en Córdoba fueron detenidos un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano, José Manuel Casado, mientras que en Cádiz los agentes de la Guardia Civil detuvieron al secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera, y en Jaén al exdirector de una sucursal bancaria identificado como F.J.G.C..
Los detenidos
Igualmente, los agentes detuvieron en Segovia al empresario Juan Jesús Sánchez, mientras que en Málaga fueron dos los detenidos, en concreto el empresario Angel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom, propietaria del Hotel Rey Don Pedro en Torremolinos, y una segunda persona identificada como Gerardo de la Cruz, que fue director de una sucursal bancaria en Cazalla de la Sierra (Sevilla).
La segunda fase de la operación 'Heracles', que se llevó a cabo de manera simultánea en las provincias de Madrid, Segovia, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, es fruto de la documentación recabada en la primera fase así como de la actividad policial desarrollada en la propia investigación.
Cabe recordar que el desarrollo de la primera fase de la operación se centró en la forma de actuar que utilizaban las personas implicadas para distraer partidas de dinero identificadas como 'sobrecomisiones' de los fondos públicos asociados a subvenciones excepcionales vinculadas principalmente a expedientes de regulación de empleo.
La primera fase de la operación
En este sentido, en esta primera fase de la operación se identificaron a las personas, físicas y jurídicas, que intervinieron en la forma y grado de participación en los hechos, finalizando con la detención de 22 personas.
Entre los actores referidos se encontraban mediadoras, aseguradoras, conseguidores, entramados societarios creados para dar cobertura y alejar los fondos derivados de las 'sobrecomisiones', un despacho de abogados "como colector y distribuidor de los activos obtenidos de manera irregular", sindicatos, empresarios y la Junta de Andalucía "como fuente de financiación de la que se surtirían las numerosas 'sobrecomisiones'".
Una vez analizada la documentación recabada en los diferentes registros efectuados y realizadas diversas diligencias de la investigación, se procedió por tanto a realizar una segunda fase de la operación con la intención de concretar determinados aspectos vinculados a los objetivos establecidos en la primera fase y esclarecer nuevos hechos derivados de estas nuevas investigaciones.
El papel de las organizaciones sindicales
Esta segunda fase se ha centrado principalmente en tres ámbitos, como son, en primer lugar, las irregularidades en la concesión de las llamadas ayudas a empresas. En este sentido, se pretende establecer el papel jugado por diversos empleados de distintas sucursales bancarias, habiéndose detenido al director de una de ellas, en relación a diferentes operativas vinculadas a blanqueos de capitales y los entramados ilícitos instrumentales expuestos en el atestado presentado en marzo.
También se pretende precisar el papel desarrollado por determinados responsables públicos de la administración andaluza en relación con la concesión de las referidas ayudas. En segundo lugar, la Guardia Civil ha investigado la participación de representantes y dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de los expedientes de regulación de empleo asociados a las distintas pólizas por prejubilaciones, así como su relación con las asociaciones ilícitas descritas en la primera fase, concluyendo si pudiese existir algún tipo de responsabilidad penal.
En este marco, se ha procedido a la detención de dos personas vinculadas a estas organizaciones, Salvador Mera y Roberto Carmona Soto, y a la imputación de seis más en similares circunstancias. En tercer lugar, los agentes han analizado los pagos de empresarios a las "tramas ilícitas" descubiertas como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo.
