Societat Civil Catalana (SCC) ha denunciado en una carta enviada al presidente catalán, Quim Torra, la actuación "partidista" de los Mossos d'Esquadra hacia la manifestación de Hablamos Español ayer en Barcelona. Asimismo, le insta a trabajar para "recoser", ya que de no ser así la entidad ha advertido con emprender acciones legales y volver a salir "masivamente a la calle" como el año pasado.
Ayer domingo, las 1.500 personas que se manifestaron en Barcelona contra la inmersión lingüística en la escuela catalana no pudieron leer su manifiesto en la plaza Sant Jaume, como tenían previsto, porque los Mossos les impidieron llegar hasta ahí, debido a la presencia de otra concentración de los Comités de Defensa de la República (CDR) en esa plaza, en defensa de la escuela catalana.
Es por ello por lo que SCC, en una carta enviada por su presidente, José Rosiñol, al presidente catalán, ha mostrado su "consternación" por los hechos sucedidos en el centro de Barcelona respecto a la manifestación convocada por Hablamos Español. Rosiñol ha censurado el "planteamientos típicamente fascista" de los CDR, que "impidieron que miles de catalanes pudieran ejercer su derecho fundamental a manifestarse, de acuerdo con el itinerario que había sido autorizado por la administración pública".
Para la entidad, lo sucedido "es solo un ejemplo más de la triste fractura social que vive la sociedad catalana", pero incluso "más grave" porque "la autoridad pública y policial impidió que miles de ciudadanos pudieran ejercer sus derechos fundamentales y civiles a la libre manifestación y a la libre expresión de sus opiniones". "En vez de defender los derechos de todos los catalanes sin importar su signo ideológico, los responsables del orden público de la Generalitat y los dirigentes de los Mossos de Esquadra actuaron de forma partidista, discriminando así a ciudadanos catalanes por motivos de ideología política", afirma Rosiñol en la misiva.
La entidad contraria a la independencia ha considerado además que los Mossos, "en lugar de garantizar las condiciones para que pudieran manifestarse tranquilamente según el itinerario previsto, dejaron que grupos radicalizados y parapolíticos ocuparan la plaza Sant Jaume". Según Rosiñol, la actuación de los CDR, que "impidieron y violentaron el derecho a una manifestación organizada", está "claramente tipificada como delito" en el Código Penal, al tiempo que la actuación gubernativa "ignoró los derechos constitucionales y civiles de miles de catalanes" e "incumplió abiertamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
