Aunque serán los jueces los que decidan sobre las condiciones en las que tendrá que declarar como imputada la infanta Cristina el próximo 8 de febrero, las reacciones de los dirigentes políticos no se han hecho esperar.
El debate sobre la seguridad y las condiciones especiales por tratarse de la Infanta, ha protagonizado las conversaciones en los pasillos del Congreso de los Diputados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha confiado este martes en que la Audiencia de Palma evite a la Infanta "situaciones de carácter previo" que puedan considerarse perjudiciales para ella. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, también ha apoyado que la hija del Rey entre por el garaje, porque la ley "no impone la pena de paseíllo", mientras que la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho que todos los españoles son iguales ante la ley y que debe actuarse en consecuencia.
Por su parte, la defensa de la infanta prefiere que la hija del Rey acuda a declarar " sin "paseíllo" ante las cámaras por la rampa que da acceso a los juzgados de Palma y que el interrogatorio no sea grabado en vídeo. Jesús Silva, abogado de la infanta Cristina, ha afirmado que respeta la decisión de las autoridades judiciales, pero que preferiría que a la Infanta se le permita acceder en coche directamente al patio de los juzgados de Palma.
Sin embargo, se ha sabido este mismo martes, que la declaración se grabará en vídeo. Asímismo la Fiscalía Anticorrupción ha confirmado al juez José Castro que no recurrirá la imputación de la Infanta pese a "no compartir las consideraciones del instructor".
