El Supremo avala el uso obligatorio de mascarillas y asegura que no vulnera la integridad física ni el honor: "Es necesario y proporcionado"

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha afirmado que la orden del Gobierno de llevar mascarilla no vulnera la integridad física ni la moral ni el honor. Por ello, han desestimado el recurso planteado por un ciudadano contra la Orden del Ministerio de Sanidad 422/2020, de 19 de mayo, que reguló las condiciones del uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis ocasionada por el coronavirus.

La Sala responde que es "legítima" la disposición ordenando el uso de mascarilla en razón de que, en el actual estado de conocimiento de propagación del coronavirus, es "necesaria y proporcionada" para alcanzar el fin de interés general de protección de la salud, al constituir una medida que puede contener la progresión de la pandemia de la covid-19.

Razona además que los hipotéticos riesgos siempre serán menores que el beneficio de la prevención obtenida, sin perjuicio de que la norma excluye el uso obligatorio de mascarillas en determinados casos. Asimismo, recuerda que en el uso obligatorio de la mascarilla no se encuentra concernido el derecho al consentimiento informado. Y destaca que, en cualquier caso, debe prevalecer el objetivo constitucional de protección de la salud de todos que comprende la integridad física y moral.

La Sala expone, en contra de lo que señala el recurrente, que el impedimento de contagiarse mediante el uso de mascarillas no lesiona el derecho a la integridad física y moral al impedir obtener inmunidad por medio del contagio, y recalca que la salud de los ciudadanos es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico, parte de la presunción de que las medidas adoptadas por los poderes públicos tienden a la supervivencia de la comunidad, y entre tales medidas se encuentra el uso generalizado de mascarillas como medida "barrera" de protección frente al coronavirus que también han sido adoptadas por otros Estados Miembros de la Unión Europea y muchos países del mundo. Asimismo, niega la existencia de desviación de poder por haberse seguido en esta materia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).