Tribunal Supremo
El Supremo certifica la multa de la Junta Electoral a Sánchez por el uso electoralista de la Moncloa
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tendrá que abonar 500 euros de sanción por usar la Moncloa para una entrevista en plena campaña en el año 2019.
![Pedro Sánchez ofrece una rueda de prensa desde La Moncloa](https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages01/2021/05/18/CE16F9D4-CF8F-48F1-A939-179C649EC5E5/98.jpg?crop=5263,2961,x0,y0&width=1900&height=1069&optimize=low&format=webply)
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El Tribunal Supremo ha certificado la multa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer un uso electoralista de la Moncloa al dar una entrevista en plena campaña que fue difundida por los canales oficiales del Gobierno en internet en 2019.
La cantidad que deberá abonar el presidente del Gobierno es de 500 euros por incumplir su deber de neutralidad como cargo público. Sánchez quebrantó el principio recogido en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el año 2019, en una campaña electoral que terminaría aupando al PSOE a la presidencia del Gobierno tras conseguir 120 escaños.
El Tribunal Supremo considera que no quebrantar su deber de neutralidad como cargos públicos es "un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico".
"Quebrantamiento del principio de igualdad de armas"
"La escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad de armas", explicaba la Junta en la resolución de enero sobre la entrevista que concedió Sánchez.
Además, la Junta Electoral ha dejado claro que el hecho de subir la entrevista a los canales oficiales del Gobierno (Lamoncloa.es) evidenció la utilización de una página pública oficial para la difusión de manifestaciones de contenido electoralista.
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Por otra parte, hace menos de una semana, la Sala III ratificó una multa de 2.200 euros a la entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, por pronunciar un alegato electoralista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto supone la segunda multa a un miembro del gobierno en una semana.
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