El Supremo ordena al Gobierno hacerse cargo de los mil menores migrantes de Canarias en un plazo de diez días

El Gobierno tiene una cuenta atrás para hacerse cargo de los menores migrantes que se encuentran en las Islas Canarias esperando un asilo. El Tribunal Supremo ha acordado una medida cautelar solicitada por el gobierno canario y ha dado un plazo de tiempo para que se resuelva la petición de los mil menores migrantes que han solicitado protección internacional.

Pedro Sánchez tiene un plazo de 10 días para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, donde las personas solicitantes tienen derecho a unas condiciones de acogida para satisfacer sus condiciones básicas y dirigido a todas aquellas que soliciten protección internacional en España, el estatuto de apátrida y protección temporal 'Ucrania Urgente'.

Entre enero de 2023 y noviembre de 2024, un total de 546 menores solicitaron asilo al Estado, a los que se suman otros 350 que también están "a la espera de ser atendidos". Por otra parte hay 325 menores que están citados para presentar la solicitud.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo ha acordado un periodo improrrogable de diez días en el que se le tiene que informar de las medidas que se adoptarán. Posteriormente se celebrará una vista pública para el cumplimiento de la medida cautelar aprobada.

En un auto de 17 folios, señalan que el sistema de acogida no se ha puesto a disposición de los mil menores que aún se encuentran en los servicios de protección de Canarias. El Supremo tacha la situación con el menor de "incompatible", en este sistema donde "tienen pleno derecho" y que parece que nadie quiere hacerse cargo porque "resulta obligado proteger" subrayan en el acta.

Ayuso interpondrá el recurso ante el Tribunal Constitucional

El pasado 18 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la ley de extranjería para redistribuir a los menores migrantes en las 17 Comunidades Autónomas. Para Madrid se estableció la reubicación de 4.400 menores migrantes que llegaron a Canarias y Ceuta. El Partido Popular avisó de que en ninguno de los territorios donde gobiernan acogerá esta medida si el Gobierno no les proporciona los recursos suficientes.

La modificación llevada a votación fue acordada por el PSOE y Junts, donde determina el número de menores acogidos en las regiones, siendo Cataluña la que menos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a interponer este recurso ante el Tribunal Supremo.

El informe elaborado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid señala que se esta modificación infringe varios artículos de la Constitución Española de 1978 por lo que es "inconstitucional", además de invadir las competencias del Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid considera que el desplazar "por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia" se vulnerarían los derechos de los menores. En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García denuncia que el objetivo de este reparto "discrecional" se basa en "conseguir los siete votos para mantenerse en la Moncloa".

Desde 2019, la capital ha atendido a 10.618 menores extranjeros no acompañados y 937 en 2025, según los datos facilitados por el gobierno autonómico.

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