Con las llaves de sus nuevas viviendas en la mano, algunas de las familias acampadas desde el pasado domingo frente al Ayuntamiento de Sevilla duermen desde ya en las casas que ha puesto a su disposición la consejería de Fomento y vivienda. Su realojo ha abierto la mayor crisis en dos años del gobienro de coalición de PSOE e Izquierda Unida en Andalucía.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, firmará mañana un decreto por el que se retirará provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta, informaron fuentes del Gobierno andaluz.
Esta decisión se produce después de que los desalojados de la Corrala La Utopía en Sevilla hayan recibido las llaves de las viviendas para ser realojados en diferentes barrios de la capital andaluza, tras el compromiso adquirido por la Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular, Elena Cortés, se encuentra de viaje en Colombia. Además, se abrirá una investigación interna "al objeto de esclarecer si el procedimiento y los criterios de adjudicación de viviendas a esas familias se ajustan a los principios de igualdad y legalidad", según han detallado las mismas fuentes.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que la Junta había puesto el "contador a cero" en la búsqueda de una solución para los vecinos desalojados de la corrala Utopía, y que no iban a ser realojados de forma inmediata como se anunció desde la Consejería de Fomento y Vivienda. Vázquez señaló que la Junta iba "a hacer valer" el reglamento que "regula a la perfección" el procedimiento para la adjudicación de viviendas sociales.
El portavoz del Gobierno hizo estas declaraciones después de que el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, insistiera en que la solución pasa por el realojo de una parte de las familias de la Corrala "en las pocas viviendas disponibles" que tiene la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, y el resto en viviendas de alquiler. Castro admitió que había "disparidad de criterios" entre los socios de gobierno en el sentido de que dicha propuesta planteaba un "hipotético problema legal", pero aseguró que "los letrados dicen que no existe".
