Un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Son 13 de los 35 miembros de la Junta de Fiscales de Sala los que lo piden después de que García Ortiz se negase a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Declaró como imputado por un presunto revelación de secretos en la causa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su escrito los 13 fiscales firmantes declaran: "Desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que vuestra excelentísima comunicó su decisión de continuar con el desempeño del cargo de fiscal general del Estado se han producido hitos en la causa que se sigue contra vuestra excelentísima en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible -por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran- su renuncia a dicho cargo".

"Impropia de un Estado Democrático de Derecho"

Denuncian estos fiscales que "la comparecencia del fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho". Entre los firmantes de esta carta están las que fueran fiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra, el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix, los fiscales del 'procés' Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno y la jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán. También la firman los fiscales de sala Francisco Moreno, Javier Huete, Pikar Martín, José Miguel de la Rosa, Elvira Tejada y Antonio Narváez.

Dicen que "una de sus funciones es velar por la independencia de los tribunales". Ante esta situación, la carta señala que se ha producido "una merma de la confianza de la ciudadanía" con la institución, así como "un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales". Los fiscales que firman la carta también apuntan que una dimisión "no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad", porque va a quedar siempre "intacta la presunción de inocencia".

"En un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de V.E. al cargo que ostenta para preservar a la institución. Tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara a V.E., le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la institución", finaliza la misiva de un tercio de la cúpula fiscal.

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