Este miércoles, salvo UPyD que se ha quedado fuera del pacto, se felicitan por el hecho de que por primera vez haya un consejo del poder judicial con tanto respaldo.
El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explique en el Congreso por qué ha "incumplido" su promesa de modificar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
El partido que lidera Rosa Díez ha registrado la solicitud de comparecencia del ministro en la Comisión de Justicia justo un día después del acuerdo que el PP, el PSOE, CiU, IU-ICV-CHA, PNV y UPN han alcanzado para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde el pasado mes de septiembre.
Díez se ha mostrado muy crítica con el acuerdo alcanzado este martes por esas seis fuerzas políticas, a las que ha acusado de "burlarse" de la democracia con el reparto de la "tarta" del CGPJ y de contribuir a que en España siga sin haber una Justicia independiente.
"Cómo vamos a acabar con la corrupción política si se empeñan en nombrar a los jueces que a lo mejor les tienen que terminar juzgando a ellos mismos", ha señalado Díez.
Por otro lado el portavoz socialista, Alfonso Alonso preguntado por la renovación de los vocales de CGPJ, pactada con otros grupos de la Cámara baja, Alonso ha manifestado que el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces permite tener "un nivel de consenso mayor", en respuesta a quienes creen que puede afectar a la independencia de los jueces.
"Es un sistema más polémico que seguramente no era el ideal que nosotros nos habíamos marcado desde el principio" pero que "funcionará bien", ha dicho. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, Alonso ha enmarcado el proyecto dentro de la reforma del Código Penal, y la ha considerado necesaria para "despenalizar muchas conductas" que no se juzgarán por la vía penal, sino por la administrativa.
Ha rechazado que la ley nazca "de que en España haya un problema de orden público", y ha afirmado que obedece "a una concepción mucho más moderna" del Derecho Penal y "de la protección de la convivencia".
