El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su disponibilidad para declarar como investigado el próximo 15 de mayo, en plena campaña electoral, tras ser consultado por su agenda de las próximas semanas.
Según han apuntado fuentes cercanas a la defensa del presidente catalán, Torra ha propuesto esa fecha para declarar como investigado a raíz de la querella por desobediencia que le presentó la Fiscalía por desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de edificios públicos.
El alto tribunal catalán, que entre otras diligencias tiene previsto tomar declaración a Torra en calidad de investigado, ha consultado de manera informal al presidente de la Generalitat por la disponibilidad de su agenda oficial, con el propósito de acordar una fecha para su interrogatorio.
Torra ha propuesto hacerlo el sexto día de la campaña de las elecciones municipales y europeas del próximo 26 de mayo, una fecha que aún está pendiente de ser aceptada por el juez instructor y a la que Fiscalía podría poner objeciones. En los últimos años, el TSJC ha evitado fijar declaraciones de políticos investigados o dictar resoluciones de relevancia que afecten a partidos en los períodos de campaña electoral.
La querella que investiga el TSJC, interpuesta por el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender "reiteradamente" las órdenes de la Junta cuando mantuvo simbología "partidista" en edificios públicos, lo que en su opinión reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía".
La Fiscalía añade en su querella que el presidente catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta Electoral y mantuvo los elementos que la Junta le pedía retirar, "aunque fuera de manera encubierta y simbólica".
Tras recibir el ultimátum de la Junta, el pasado 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla.
Ello motivó una nueva resolución de la Junta Electoral, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.
