El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha señalado para el miércoles 25 y jueves 26 de septiembre el juicio oral al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia a la Junta Electoral.
Se le acusa de un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, al no retirar lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos en campaña electoral.
La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra, para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y una posible multa de 30.000 euros.
Torra responde que tomará acciones legales
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado que las "prisas" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para juzgarle le han hecho incurrir, en su opinión, en un "error procesal", ante el que va a emprender acciones legales que aún no ha concretado.
La Oficina del Presidente de la Generalitat ha reaccionado a través de un comunicado, asegurando que esta decisión es "la demostración más evidente de la celeridad interesada de la justicia", que es "lenta solo cuando quiere".
El comunicado hace alusión también a la situación de los políticos presos en la causa contra la cúpula del 'procés': "Hay personas demócratas que tienen que esperar casi dos años en prisión provisional la resolución de su proceso penal. En este caso, podemos comprobar que la prisa del tribunal por resolver el caso del president Torra es absoluta".
Así, desde la oficina del presidente de la Generalitat hablan de un señalamiento "marcadamente precipitado", por "el hecho que se ha acordado la fecha del juicio previamente al auto de admisión y denegación de pruebas". Esto supone, según el equipo legal de Torra, un "error procesal" contra el que la defensa ejercerá "acciones legales pertinentes", sin más concreción. "Los jueces y tribunales no solo deben ser imparciales, sino que también deben tener la apariencia y esta irregularidad pone en duda esta imparcialidad", razonan.
El comunicado también alerta de que la fecha del juicio coincide con el pleno del debate de política general en el Parlamento de Cataluña, acordado por la Junta de Portavoces aunque aún no se ha convocado.
