La Fiscalía ordena a Trapero que los Mossos "requisen urnas" y todo el material destinado a celebrar el 1-O

La Fiscalía de Cataluña ha ordenado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña que, para evitar la "consumación del delito", "requisen urnas" y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre.

Tras una reunión este mediodía con Trapero y los responsables de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o "particulares en connivencia con aquellos" dirigidos a preparar y celebrar el "referéndum de autodeterminación ilegal".

La cita ha sido convocada en la sede de la Fiscalía Superior en la calle Pau Claris de Barcelona, adonde Trapero ha llegado en coche y ha entrado a pie a las 11.54 horas. Minutos antes llegaban Sebastián Trapote, en un coche que ha accedido directamente al aparcamiento, y Angel Gozalo, que ha entrado a pie.

El fiscal general, José Manuel Maza, dictó el jueves un oficio que ordena a los máximos responsables de estos cuerpos en las cuatro provincias catalanas actuar ante el 1-O interviniendo material si es necesario, y elaborando atestados ante "cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares".

La primera actuación de este tipo la hizo el viernes y el sábado la Guardia Civil al entrar en una imprenta de Constantí (Tarragona) y en la sede de la revista 'El Vallenc' en Valls (Tarragona) por posible relación con material relacionado para el 1-O.

Además, el Tribunal Constitucional apercibió el viernes a Trapero, a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tras suspender cautelarmente el 1-O. El TC ha acordado apercibir a más de 1.000 cargos públicos, unos 60 altos mandatarios de la Generalitat y todos los alcaldes de Cataluña, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa sobre el 1-O.