Tres partidos piden la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, acusándole de intromisión en la investigación del 8M

Los diez días de luto oficial por las más de 27.000 personas fallecidas por coronavirus han comenzado en el Congreso entre descalificaciones y peticiones de la oposición para que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita de su cargo y explique los cambios producidos en la jerarquía de la Guardia Civil. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos y la renuncia del director adjunto de operaciones, Laurentino Ceña, así como la imprevista aprobación de la equiparación salarial, han servido de detonante.

La mitad de las preguntas

El protagonismo de Marlaska ha sido político, pero también numérico: ha respondido a siete de las quince preguntas planteadas por la oposición. El ministro del Interior ha mantenido como leitmotiv que desconocía el informe que la Guardia Civil ha enviado a la juez que investiga si las manifestaciones del 8M provocaron una extensión de la COVID-19 y que nunca, ni antes como juez ni ahora como ministro, ha incurrido en injerencias. Los grupos principales de la oposición, PP, Vox y Cs, han insistido en que el ministro debe dimitir.

Por parte del grupo popular, Teresa Jiménez Becerril, Mario Garcés, Eloy Suárez y Carolina España han criticado la aplicación de la equiparación salarial en este contexto porque apunta a "cortina de humo" antes que a una medida meditada previamente. Lo mismo han hecho los diputados de Vox, Macarena Olona e Ignacio Gil Lázaro, y el de Cs, Edmundo Bal. Los dos primeros han acusado al titular de Interior de "traicionar" los principios que tuvo como juez y ha calificado su conducta de "profundamente miserable mentirosa y presuntamente delictiva"; Bal, por su parte, ha reprobado las "coacciones y amenazas de ceses" en las que se estaría prodigando Grande-Marlaska.

El ministro ha criticado que la oposición se afane en "instrumentalizar" las Fuerzas de Seguridad y el poder judicial y ha remarcado que no hay nada de improvisación en la equiparación salarial aprobada por el Consejo de Ministros el mismo día de la polémica con los mandos de la Guardia Civil.