El Tribunal Constitucional aborda el recurso de inconstitucionalidad de la eutanasia

Eutanasia significa etimológicamente "buena muerte" y en España es legal desde el pasado 25 de junio de 2021 debido a una ley que la regula. Es la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Según explica el ministerio de Sanidad en su página web, "la prestación de ayuda para morir está incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y es de financiación pública". Aseguran que la prestación consiste en proporcionar los medios necesarios a una persona que ha manifestado su deseo de morir, y de acuerdo al procedimiento y garantías establecidos en la Ley.

Pero esta ley, para el Partido Popular y Vox, que votaron en contra en el Congreso de los Diputados, es inconstitucional como argumentan en un recurso que ha empezado esta semana a debatirse en el Tribunal Constitucional y que podrá quedar resuelto antes de Semana Santa. Entienden que ataca el derecho fundamental de la vida. El PP subraya la falta de consenso político y social en la aprobación de una nueva legislación y la infracción del derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El recurso de Vox, el primero en presentarlo y que fuera admitido, sostenía que supone "una derrota de la civilización" y la victoria de la cultura de la muerte.

La ley regula el derecho a la eutanasia para quienes sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

La oleada de abstenciones y recusaciones marcarán de nuevo la agenda del Tribunal Constitucional en el Pleno que se celebra desde este martes. Sobre todo, es llamativo el número de recusaciones que protagonizan el exministro de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez. Ya se han quedado al margen de varios asuntos, pero la sesión que en principio estaba destinada para deliberar sobre la constitucionalidad de la ley de la eutanasia comenzará con el cúmulo de iniciativas que terminarán mermando de alguna manera la representación de magistrados en el Pleno de la institución. Cada vez que el Constitucional estudia un asunto, primero debe abordar las recusaciones o abstenciones que afectan a diferentes magistrados, retrasando así los plazos previstos.

Pero el Pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido las recusaciones promovidas por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Ciudadanos contra el magistrado Juan Carlos Campo y la magistrada Laura Díez, respectivamente, por presentarlas fuera de plazo en los recursos de inconstitucionalidad como, por ejemplo, en esta ley de la eutanasia. Dicen que el plazo, de 10 días, finalizó el día 23 de enero de 2023 y los escritos de recusaciones se presentaron el día 31 de enero de 2023. Ocho días tarde.

Esto ya sucedió durante el pleno en el que se debatía la constitucionalidad de la ley del aborto del año 2010 en el que ya se decidió rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel y denegar las recusaciones solicitadas por cinco exdiputados del PP contra Conde-Pumpido, Díez, Campo y Espejel.

Para evitar, en la medida de lo posible, los retrasos que estas recusaciones puedan ocasionar, el tribunal dedicará el Pleno de la semana entrante a resolver varios recursos presentados por el PP y Vox. En concreto, el Constitucional estudiará los incidentes de recusación presentados por los populares contra Juan Carlos Campo en torno a nueve debates y contra la magistrada Laura Díez en otros ocho. También se abordarán las recusaciones presentadas por el partido de Santiago Abascal contra Conde-Pumpido, Campo, Díez y María Luisa Segoviano.

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