El Tribunal Constitucional anula la Declaración Unilateral de Independencia

El Tribunal Constitucional ha anulado la Declaración Unilateral de Independencia acordada por el Parlament el pasado 27 de octubre, una resolución que ha tomado al aceptar el incidente de ejecución contra la misma presentado por el Gobierno, en virtud del cual ya la había suspendido cautelarmente. El pleno del TC ha decidido, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa Ana Simó y José María Espejo, tal y como pedía el incidente presentado por el ejecutivo central.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado de forma unánime declarar nula la ley de transitoriedad para la República de Cataluña y anular también por inconstitucionales los acuerdos por los que el Parlamento de esta comunidad autónoma declaró de forma unilateral la independencia, han informado fuentes jurídicas. Los magistrados han resuelto sobre el fondo de ambos recursos, que ya habían sido admitidos a trámite, por lo que su vigencia ya se encontraba en suspenso.

El TC acusa al Parlament de haber cometido "un grave atentado contra el Estado de derecho", que en nuestro país no puede desvincularse de "la primacía incondicional de la Constitución". La actuación del Parlament "contradice frontalmente" las decisiones del propio TC, dice esta sentencia antes de denunciar ante el fiscal una posible desobediencia por parte de la presidenta Carme Forcadell y otros miembros de la Mesa, quienes, dice la sentencia, han desatendido sus advertencias de manera "contumaz".

En cuanto a la ley "de transitoriedad jurídica y fundacional de la República", la sentencia afirma que la norma impugnada contraría "de modo explícito, principios esenciales e indisociables de nuestro ordenamiento constitucional". Es contraria, añade, a "la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña".

El derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones que integran España "no es ni puede confundirse con la soberanía", precisa. Un "derecho de autodeterminación", entendido como derecho a "promover y consumar" la secesión unilateral del Estado, "no está reconocido en la Constitución, ni cabe aducir que forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados internacionales de los que España es parte, ni tampoco encuentra fundamento en el derecho internacional", dice también.