El Tribunal Supremo avala por unanimidad el registro en la oficina del fiscal general del Estado

Después de dos semanas deliberando, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha decidido, de forma unánime, que se puede llevar a cabo el registro en la oficina del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El motivo es realizar una investigación sobre una posible revelación de secretos, la cual fue denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres rechazaron los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Argumentaron que el delito que se investiga justifica el registro y que era necesario para avanzar en la investigación. Por su parte, tanto la Fiscalía como la Abogacía habían afirmado que se estaban vulnerando derechos fundamentales, lo que debería anular los registros realizados el 30 de octubre en las oficinas de García Ortiz y Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.

La Fiscalía sostiene que estos registros son inválidos porque no se han presentado razones suficientes para justificar su necesidad: "no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas". Además, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, mostró su desacuerdo con el procedimiento y decidió no participar en el interrogatorio al fiscal general el pasado 29 de enero, explicando que eso validaría una investigación que considera incorrecta.

Siguiendo sus argumentos, los magistrados admiten que "en dependencias de Fiscalía, como de cualquier juzgado, existen múltiples expedientes que contienen datos de igual o mayor relevancia que los ahora investigados". Sin embargo, subrayan que este hecho no puede ser un obstáculo para la investigación judicial.

Han insistido en la necesidad de aplicar un "juicio de proporcionalidad reforzado" en la injerencia. Los magistrados destacan que esta proporcionalidad se evidencia tanto en el auto que ordena el registro como en la "explícita remisión a toda la investigación previa. Además, el alto tribunal ha resaltado las "cautelas adicionales" tomadas durante la extracción de datos, facilitadas por la delimitación del objeto de la investigación

Sin embargo, la decisión del Supremo es la afirmación de que no existe alternativa a esta medida: "no queda otra alternativa, porque, en caso contrario, si concluyéramos que es un lugar de imposible prospección judicial. Declaran que renunciar a esta investigación por el hecho de que se lleve a cabo en una alta institución del Estado "conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad".

Los magistrados también abordan que si el Supremo tiene la facultad de investigar a un aforado, debe contar con los instrumentos necesarios para hacerlo de manera efectiva. También advierte que negar la posibilidad de utilizarlos equivaldría a "instituir un privilegio para los aforados", por lo que sería contrario a los principios constitucionales y al valor de la Justicia consagrado en el artículo 1º de la Carta Magna española.

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