Prevaricación
El Tribunal Supremo recibe el suplicatorio del Congreso para proceder contra Alberto Casero por prevaricación
Hace dos semanas, el Congreso de los Diputados votaba dejar en manos del Supremo al diputado Alberto Casero. El Alto Tribunal investiga su gestión como alcalde de Trujillo.
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Alberto Casero se encuentra a tan solo un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo ha confirmado el recibimiento del suplicatorio aprobado por el Congreso de los Diputados que da el visto bueno para que se proceda penalmente contra el diputado del Partido Popular conocido por sacar adelante con su voto la reforma laboral de Yolanda Díaz.
Casero, que entre 2011 y 2019 estuvo al frente de la alcaldía de la localidad extremeña de Trujillo, ha sido acusado ahora de prevaricación. El magistrado Andrés Palomo, el pasado 12 de septiembre, aseguraba haber indicios de que el ahora diputado popular, en su condición de alcalde, concertó con diferentes personas y entidades contratos o convenios que "incumplían todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en casa caso".
Tras ello, el juez dirigió un suplicatorio al Congreso de los Diputadosque, 13 días después, ha sido recibido este miércoles por el Tribunal Supremo.
El exalcalde de Trujillo, por su parte, niega cualquier tipo de delito y pide al Supremo archivar el procedimiento al considerar que no existe ningún tipo de indicio que probar un delito de prevaricación o malversación en los contratos de entre 2017 y 2018.
Su versión, sin embargo, choca con la del magistrado, que asegura que se trataba de "un modo de proceder", subrayando "la elusión de los mecanismos de control" por parte de Casero, y no de simples irregularidades administrativas.
Esto, según el juez, haría que los hechos investigados también pudiesen ser constitutivos del delito de malversación.
¿Qué es el suplicatorio que ha recibido el Supremo?
El suplicatorio es un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento judicial: implica una inculpación formal que requiere, con carácter previo, la autorización de la Cámara Baja por la condición de diputado, en este caso de Casero, del acusado.
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