El Tribunal Supremo sentencia que la devolución de menores a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal

La devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 no fue legal. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo, que ha sentenciado que la repatriación llevada a cabo por la Delegación de Gobierno fue "ilegal" por la "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería y porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe "de manera lapidaria" las "expulsiones colectivas de extranjeros".

Los magistrados han defendido que las prescripciones de la Ley de Extranjería exigen unos procedimientos administrativos que no se llevaron a cabo en la expulsión de ocho menores marroquíes en agosto de 2021: el estudio de la información sobre la situación de cada afectado de forma individual, la audiencia del mismo si tiene madurez y la intervención del fiscal.

Como estas actuaciones no se llevaron a cabo, se ha considerado que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores, porque la Administración no hizo ponderación alguna de sus intereses, ni una comprobación de sus circunstancias individuales.

Los menores podrían regresar a España

El Supremo ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado y de la ciudad de Ceuta argumentando que la Sala de lo Contencioso Administrativo establece que los retornos deben ajustarse a la legislación española y a sus garantías, y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores, como defendía el Estado.

Por tanto, pide a la Delegación de Gobierno que tome las medidas necesarias para conseguir el retorno de los menores repatriados a Marruecos, aunque el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 no constituye por sí solo fundamento normativo suficiente para decidir el regreso de los menores.

A pesar de su veredicto final, en la sentencia, el alto tribunal comprende la gravedad de lo acaecido los días 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva e irregular de unas 12.000 personas, de ellas unos 1.500 menores, y subraya que ello supuso un extraordinario reto tanto para el Estado como para Ceuta.

La asociación de fiscales denuncia que García Ortiz pudo manipular un móvil durante el registro de su despacho