El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado agrupar bajo la dirección letrada de Manos Limpias a las seis acusaciones populares personadas en la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta del 9N, y les ha impuesto una fianza de 3.000 euros.
En un auto la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha justificado su decisión de agrupar las seis acusaciones populares bajo una misma dirección letrada con el objetivo de "proteger el proceso del riesgo de dilaciones indebidas", sin apreciar una "merma" en la labor que les corresponde, centrada en "la búsqueda de la verdad y de la justicia".
La decisión adoptada por el TSJC coincide con el planteamiento que le formularon tanto la fiscalía como los representantes legales del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de las dos conselleras también querelladas: la de la vicepresidencia, Joana Ortega, y la de Enseñanza, Irene Rigau. En el auto, el magistrado instructor, Joan Manel Abril, atribuye al sindicato Manos Limpias la dirección letrada de las otras cinco acusaciones populares, ya que fue la primera en querellarse.
No obstante, el juez se muestra abierto a analizar cualquier solución "convenida" entre las seis acusaciones populares sobre cómo gestionar su actuación conjunta. Además de Manos Limpias, en la causa por la consulta soberanista del 9N están personadas como acusaciones populares los partidos políticos UPyD y Vox, la Asociación ProJusticia XXI, el Sindicato Profesional de la Policía y de Unión Federal de Policía y el ciudadano Alberto Delgado.
A cada una de las partes, el magistrado les ha impuesto una fianza de 3.000 euros en metálico para poder ejercer la acción popular, si bien en el caso de Delgado se la rebaja hasta los 300 euros. En el auto, el magistrado recuerda que las querellas interpuestas por las diferentes entidades se dirigían contra distintos miembros del gobierno catalán y por un amplio abanico de delitos. No obstante, el juez se remite al Tribunal Supremo, que sentenció que a las acusaciones populares no les puede ser reconocido "otro propósito que buscar la verdad y alcanzar la justicia, y no tanto desde la defensa de intereses particulares como desde la perspectiva del interés general".
Por este motivo, subraya que las seis acusaciones populares deben sortear sus "singularidades" y ceder ante "posibles diferencias en cuanto a estrategias procesales o particularidades" para dar prioridad a la investigación de los hechos. Como ya estableció en escritos anteriores, el TSJC insiste en que existen indicios de que Mas, Ortega y Rigau no acataron la providencia del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre que les obligaba a suspender los preparativos de la consulta alternativa del 9N.
"Los hechos anteriores al dictado de la providencia del 4 de noviembre de 2014 por parte del Tribunal Constitucional, que se atribuyen al M.H. Presidente de la Generalitat, no son constitutivos de delito, sin perjuicio de que puedan ser puestos en relación con los hechos presuntamente delictivos acaecidos con posterioridad a la referida providencia", subraya el auto.
Según el TSJC, tras la providencia del 4 de noviembre, el gobierno catalán continuó con los "actos preparatorios, la publicidad institucional, la realización de actos administrativos de desarrollo de carácter verbal o por la vía de hecho, hasta llevar a cabo, en edificios públicos de Cataluña, las votaciones del día 9 de noviembre". Por este motivo, insiste en que los querellados pudieron haber incurrido presuntamente en un delito de desobediencia grave cometido por autoridades públicas y, en su caso, "en función del resultado de la investigación", de prevaricación y malversación de caudales públicos.
De hecho, el magistrado del TSJC todavía debe decidir si acepta una propuesta que le planteó la Fiscalía, que con el objetivo de averiguar el coste de la consulta ha pedido que se requiera a la Generalitat sobre el coste de la web y del material usados en el 9N, desde papeletas, ordenadores, seguros o centros de prensa.
