TSJC
El TSJC ordena a la Generalitat proteger a la familia de Canet de Mar
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asegura que corresponde al Consejero de Educación y a la directora del centro escolar "adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad de la familia".
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar "adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad" de la familia que solicitó la enseñanza en castellano.
"Corresponde requerir al Consejero de Educación y al director o directora del centro educativo el Turó del Drac de Canet de Mar, a los efectos de adoptar las medidas necesarias para preservar la protección y la intimidad del menor y del recurrente, así como la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo", dice concretamente el TSJC.
El TSJC fijó en un principio un 25% de castellano en el grupo del menor, en respuesta a la denuncia de la familia, que pedía un 50% de escolarización en dicha lengua. Tras esto, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y el sindicato Intersindical·Csc han convocado esta tarde una manifestación en rechazo a la sentencia.
La Fiscalía investigará si hay delito de odio
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller de Educación de la Generalitat, visitó el pasado jueves la dirección del centro para darle acompañamiento y que tuviera "todas las herramientas para ver cómo aplica estas medidas cautelares".
Esta mañana se ha conocido que la Fiscalía investigará este caso para ver si se ha producido un delito de odio contra la familia del niño. Además, la AEB ha denunciado ante la fiscalía, por delitos de odio, a las personas y entidades que "están amenazando a la familia" de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar.
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La Fiscalía ha admitido a trámite las denuncias de Hablamos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe y el partido político Vox y tras incoar diligencias de investigación se iniciará un procedimiento para "valorar y estudiar la trascendencia jurídica de los tuits".
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