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AL Ministerio de Interior
El TSJC pide informes sobre el plan de coordinación policial y sobre los incidentes del 1-O
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido a Diego Pérez de los Cobos, "a la mayor brevedad posible", los cometidos de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil respecto a su orden de impedir el 1-O, sus incidencias y su resultado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido a Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior que comandaba el dispositivo para impedir el 1-O, un informe sobre su "plan de coordinación", detallando el cometido de cada cuerpo policial, y sobre los "incidentes".
En un auto, la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que investiga la querella contra el Govern por convocar el referéndum, pide a De los Cobos que le detalle, "a la mayor brevedad posible", los cometidos de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil respecto a su orden de impedir el 1-O, su grado de cumplimiento, sus incidencias y su resultado.
También solicita la juez instructora a Pérez de los Cobos, responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la "relación de los incidentes de los que se tenga conocimiento que fueron produciéndose a lo largo de la jornada en el transcurso de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
El auto rechaza la pretensión de la defensa de los miembros del Govern de que sea el TSJC quien asuma la investigación que dirige el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, quien hace dos semanas ordenó la operación que culminó con la detención de altos cargos de la Generalitat presuntamente relacionados con los preparativos del referéndum.
La juez recuerda que en esa causa se investigan hechos cometidos por no aforados, por lo que le corresponde instruirla al "juez ordinario pretederminado por la ley", y avisa que ambas diligencias solo se unirán cuando "se aprecie una clara conexión" entre los dos casos, lo que por el momento "no se ha evidenciado".
En respuesta a dos escritos planteados por la defensa de Carles Puigdemont y el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona), la magistrada recuerda que ella mantuvo la orden de la Fiscalía que obligaba a custodiar las urnas del Ministerio de Interior que guardan los consistorios y que ordenó al ministerio público cesar en sus diligencias e instrucciones en relación con el 1-O.
Asimismo, ha aplazado para los días 20 y 27 de octubre próximos, a petición de las defensas, las testificales de los empresarios que se presentaron al concurso convocado por la Generalitat para licitar urnas -después declarado desierto- y a cargos del Govern relacionados con ese proceso para suministrar material electoral.
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