Ley de amnistía

Turull, el president del Parlament y ERC piden la aplicación de la amnistía; Puigdemont aún no

El partido de ERC y varios dirigentes han solicitado ya la aplicación de la amnistía a los jueces después de que la norma entrara hoy en vigor.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en Waterloo

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El Gobierno de España mueve ficha, publica la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deja en manos de los jueces su aplicación. Los líderes del proceso independentista lo tienen claro y algunos ya han pedido su aplicación: quieren que la ley borre todos sus delitos.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya ha hecho su trabajo" con amnistía: "El Gobierno ya ha hecho su trabajo y el Parlamento también; la ley ya está aprobada, ya está en vigor, y ahora le corresponde a los jueces hacer su aplicación", ha manifestado.

¿Quién ha pedido ya la amnistía?

Los tribunales reciben un aluvión de peticiones de implicados que piden la aplicación urgente de la ley de amnistía, después de que apareciera hoy publicada en el BOE. Entre las peticiones se encuentra la del secretario general de Junts, Jordi Turull y el recién elegido presidente del Parlament catalán, Josep Rull.

También los 37 encausados de ERC. Así como los condenados por el Supremo (Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Jordi Turull), hasta los encausados por terrorismo en el caso 'Tsunami Democratic', han pedido a los tribunales la aplicación de la medida. Entre los enjuiciados en el partido están el exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado del Parlament residente en el extranjero, Ruben Wagensberg, y los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Serret.

Las peticiones se han hecho extensibles a causas relacionadas con protestas en las que más de 400 manifestantes esperan ser amnistiados y los doce CDR procesados por terrorismo lo pedirán en una vista más adelante. Y el Govern habilitará un formulario en la página web para quienes que quieran solicitarlo.

Josep Rull asegura que pide la amnistía para borrar antecedentes penales y Jordi Turull para acabar "inmediatamente" su inhabilitación, según recoge 'Europa Press'. Fue condenado en 2019 a 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación, y en junio de 2021 fue indultado.

El exconseller Quim Forn, condenado por sedición (delito ahora derogado) a 10 años y medio de prisión (indultada) e inhabilitación. El abogado pide que la amnistía se le aplique de manera "urgente" y se elimine sus condenas y antecedentes. El exconseller Santi Vila esperará a solicitarla a la decisión de su defensa.

De momento, Carles Puigdemont aún no ha solicitado su aplicación. Aunque dan por hecho que los prófugos de la justicia, como Puigdemont, van a volver. Además, dos fiscales del Supremo mantienen su negativa a amnistiar a Puigdemont por malversación.

El exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, no se acogerá a la amnistía mientras que la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó ya la han solicitado.

¿Qué delitos se amnistían?

La Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, entra en vigor, varios días después de ser aprobada en el Congreso. La ley establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor.

Hay discrepancias entre los juristas y los fiscales del Supremo y los jueces ya han afirmado que preguntarán a las partes antes de aplicar la ley. También pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y el proceso en el que estén trabajando quedaría en suspenso.

La amnistía cubre todos los delitos y actos con responsabilidad administrativa o contable relacionados con el proceso independentista catalán y ejecutados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Quedan cubiertos los actos cometidos con la intención de promover la secesión de Cataluña o celebrar las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017.

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