El juez Pedraz investiga si desde el PSOE se financió una trama para atacar causas judiciales y la UCO registra la Dirección General de la Guardia Civil

Desde primera hora de la mañana, todos los focos han estado puestos en la sede central del PSOE situada en la calle Ferraz. A las 8:30 horas de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) esperaban en la puerta de la sede. Una hora y media después, los agentes han accedido al interior bajo un requerimiento ordenado por el juez Santiago Pedraz.

Al PSOE han acudido para requerir documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez. No obstante, no ha sido al único lugar al que han ido los agentes.

Agentes de la UCO han acudido a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para recabar un expediente sobre una información reservada interna que se abrió por una posible filtración.

Por el momento, se sigue investigando si hubo una posible obstrucción a investigaciones judiciales. También han registrado los domicilios de Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías han sido registrados.

Poco después, se conocía que los tres han sido imputados por el juez en el 'caso Leire' como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cochecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Cerdán acuerda pagar a Díez 4.000 euros mensuales a cargo del partido

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido", llegando a recibir cuatro pagos. A su vez, Zarrías prestaría "su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció durante un tiempo la defensa del exasesor Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades".

De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

Pedraz sospecha que se ofreció 50.000 euros a Carmen Pano a cambio de que cambiase su versión

El juez de la Audiencia Nacional afirma que hay indicios de que la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ofreció 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria imputada en el 'caso hidrocarburos', con el objetivo "de modificar o condicionar su declaración testifical".

En sede judicial Pano declaró haber realizado una entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE "con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical".

El magistrado sospecha que la presunta organización, que habría ofrecido "remuneraciones" a fiscales, guardias civiles y fiscales a cambio de "información" que pudiera obstaculizar procesos judiciales que cercaran al Gobierno, también centró sus actuaciones sobre Pano, "a la que habrían llegado a ofrcer una cuantía de 50.000 euros" con el objetivo de cambiar su declaración.

Según Pedraz, unos días antes de la declaración de Pano "el abogado Oliver se puso en contacto con Díez, haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella".

Al parecer, Oliver y Díez hablaron de "comprar" a Pano. Tal y como se dijo en aquella conversación, "esta se vende. Debemos saber comprar".

Planearon darle 300.000 euros al fiscal Grinda

Otra de las líneas abordadas tuvo como "objetivo" al fiscal José Grinda. Según el juez, la trama consideró "un medio para obtener información que afectase" al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Tal y como indica el magistrado, "la organización investigada le hizo llegar a este fiscal un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas, el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Luzón".

Todo ello apunta, "a cambio de un nuevo puesto de trabajo en el extranjero o, incluso, un ofrecimiento con transcendencia económica existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros".

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