Caso Mascarillas

La UDEF registra la consejería canaria de Sanidad en busca de archivos de Conrado Domínguez por el 'caso Mascarillas'

La Policía Nacional ha registrado la consejería de Sanidad de Canarias por el 'caso mascarillas'. Lo hace a instancias de la Fiscalía de la UE. Se investiga el pago de un cargamento de cubrebocas que no se recibió.

Sede de la Consejería canaria de Sanidad

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A las 8:25 hora canaria agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpían en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el 'caso Mascarillas'. El objetivo es encontrar archivos relacionados con su exdirector Conrado Domínguez y su exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez.

Con esta operación los agentes intentan saber el paradero de 4 millones de euros que el SCS adelantó en 2022 a la firma de importación de coches RR7, una empresa sin experiencia alguna en suministros médicos para adquirir un millón de mascarillas que nunca se entregaron, ya que las que intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana por tratarse de falsificaciones. La de hoy es el segundo registro que la Policía Judicial realiza en el SCS en menos de un mes para indagar sobre los fondos gastados en compras de material sanitario en los primeros meses de la pandemia, que son objeto ya de tres causas penales, el 'caso Mascarillas', el 'caso Koldo' y un presunto fraude a Hacienda que implica al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía Europea citó, en calidad de investigado, este pasado lunes 6 de mayo a Domínguez que se acogió a su derecho a no declarar. Se intenta aclarar si cometió delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa tras el pago de 4 millones de euros durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que nunca llegaron a ser recibidas. El periódico Canarias 7 apuntó que la sospecha es que Conrado Domínguez se haya llevado parte de una comisión de 100.000 euros de ese contrato suscrito en 2020 en favor de la empresa RR7 United.

¿Qué se investiga?

El Gobierno de Canarias compró en los primeros tres meses del estado de alarma varios lotes de mascarillas por un importe total de 12 millones de euros. En total serían 3 encargos, el primero de 6,87 millones de euros, que posteriormente se rebajó a 2,09 millones por la peor calidad del material servido, el segundo, por 4,77 millones y el tercero, por 5 millones de euros.

Por las necesidades del contexto se recurrió a proveedores con los que antes no se tenía relación pero que ofrecían contactos internacionales con las que se podrían conseguir en otros países. Es en ese momento en el que entra en juego Soluciones de Gestión y Apoyo convirtiéndose en proveedor del Servicio Canario de la Salud.

Con la primera entrega, los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado. Pese a estos problemas se siguió contando con Soluciones de Gestión y Apoyo y se le adjudicó la compra de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad. En total, 4.775.500 euros, que le fueron abonados en junio de 2020.

Mientras el segundo y el tercer contrato se completaban, se buscó una solución al primero, que no se rescindió a pesar de que no se había suministrado el material encargado. En el expediente se indica que en noviembre de 2020 Conrado Domínguez, autoriza que se acepte una contraoferta de la empresa y se le diese la oportunidad de entregar 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95.

Los expedientes de adjudicación fueron modificados con posterioridad para hacer constar que esos 12 millones de euros se habían abonado en parte con fondos europeos del programa FEDER.

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