El sindicato Jupol ha solicitado una rectificación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la orden "ilegal" que ha emitido a la Policía Nacional, a la que ahora "obliga" a realizar las funciones de vigilancia del domicilio del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En este sentido, Jupol ha recordado que el domicilio de Iglesias está ubicado en el municipio de Galapagar (Madrid), una demarcación en la que tiene atribuidas las funciones de seguridad la Guardia Civil.
En los próximos días, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se harán cargo de la seguridad perimetral del domicilio familiar de Iglesias y Montero en Galapagar, en sustitución de la Guardia Civil. La vigilancia del chalet ha sido problemática por las sucesivas protestas de vecinos y otros ciudadanos en la zona de la vivienda.
Orden ilegal
La Asociación Pro Guardia Civil se pregunta si quiere encargárselo a un cuerpo "más dócil". Para Jupol, "lo único que puede acarrear esta decisión es un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional, y que se había visto reforzada durante la pandemia sanitaria del Covid-19". Este sindicato, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado que esta orden es "completamente ilegal" y choca de frente con la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, su secretario general, José María García, ha mostrado su "oposición frontal y absoluta a esta decisión". García ha señalado que "no entiende" los motivos que llevan al Ministerio a realizar ahora esta modificación en las funciones de vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, que antes custodiaba la Guardia Civil, "sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos".
