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EL ESCÁNDALO EMPEZÓ A INVESTIGARSE EN 2011
Un total de 263 personas investigadas en el proceso de los ERE
El escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía empezó a ser investigado en 2011. Unas presuntas irregularidades que se produjeron desde el año 2001 al 2010.
En este proceso se ha intentado determinar las responsabilidades del desvío de fondos públicos que en principio estaban destinados a EREs de empresas en crisis. Durante el proceso judicial se ha investigado a un total de 263 personas.
La juez Mercedes Alaya investigaba la trama de Mercasevilla, y causalmente descubrió una mayor: los falsos ERE. Según la juez, se trataba de 900 millones en subvenciones fraudulentas de la Junta de Andalucía a familiares, empresarios y amigos del partido socialista.
Un dinero que se entrega sin ningún tipo de control y del que no se pedía cuentas. Son detenidos Francisco Javier Guerrero, director general de empleo y Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT. Ellos pactan las subvenciones y reparten las millonarias comisiones entre los implicados.
La investigación se dispara, y se suceden las detenciones. El interventor general de la Junta de Andalucía declara ante el juez. Le explica que en innumerables ocasiones habló a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán de las irregularidades y que éstos no le hicieron caso.
La jueza cree entonces que detrás del fraude puede haber una trama política. Afirma que sólo así se puede entender que se haya extendido la corrupción. Por eso, llama a declarar a seis exconsejeros, así como a Chaves y Griñán, dimitiendo éste último como presidente de la Junta de Andalucía.
El caso es remitido al Supremo. Griñán y Chaves se declaran inocentes cuando son llamados a declarar. Dicen que no sabían nada y que se habían enterado por la prensa. A pesar de ello, meses después dejan sus escaños en el Congreso y en el Senado y abandonan la política.
Al perder el aforamiento, el caso vuelve a la Audiencia Provincial de Sevilla. En su nueva declaración, Griñán y Chaves insisten en que pudo haber irregularidades, pero niegan que hubiera una trama organizada desde sus gobiernos.
Una teoría que supuestamente no ha convencido al juez. Por eso, tras cinco años de investigación, un sumario de 243 tomos, y más de 260 imputados, el magistrado juez abre juicio oral para aclarar uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España.
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