Tribunal Constitucional
Unidas Podemos pide a la Justicia europea que intervenga por el pleno del Tribunal Constitucional
A primer hora de este lunes, Unidas Podemos ha acudido a la Justicia europea para que esta se pronuncie sobre el pleno del Constitucional, que va a tener lugar en el día de hoy.
![Jaume Asens](https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages02/2022/11/24/E271320F-29A8-4001-AB3F-5EB58565304F/jaume-asens_98.jpg?crop=1920,1080,x0,y0&width=1900&height=1069&optimize=low&format=webply)
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Unidas Podemos ha pedido a primera hora de esta mañana que la Justicia europea intervenga en relación al pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se celebra a las 10:00 horas del día de hoy. Este pleno tendrá que decidir si frena la reforma impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha anunciado en un comunicado recogido por Efe que registrará un escrito dirigido al TC de solicitud de presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida sobre una serie de cuestiones "prejudiciales que afectan al TC y al desarrollo del Pleno convocado para este mismo lunes".
El partido también solicitará que establezca si los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez, presidente del Constitucional, y el jurista Antonio Narváez Rodríguez deben abstenerse de modo automático "por falta de imparcialidad", y si, de incumplirlo, se sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.
Las razones de Podemos
Podemos ha señalado en este sentido que la principal cuestión de prejudicialidad se encuentra en conocer si “la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no”.
Además, entre otras razones, agrega que “para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Podemos ha subrayado que todo esto afecta directamente a los citados magistrados y "a la vulneración del principio de imparcialidad que Unidas Podemos considera que pueden cometer".
Este escrito lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, Pablo Echenique y Enrique Santiago, como portavoces de Unidas Podemos. El grupo parlamentario busca también con esta actuación judicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deje "meridianamente claro" cómo debe aplicarse la abstención de magistrados, en concreto en el Constitucional “que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro” o si esa abstención “es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno”.
Los recursos interpuestos
El pasado viernes el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso registró ante el Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la citada proposición de ley del PSOE y Podemos.
En este escrito el GPP adjuntaba el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían “no tener una conexión material”, además de no guardar “relación de homogeneidad mínima” con la proposición de ley. Además, señalan que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir las citadas enmiendas.
Aunque el dictamen de la proposición de ley fue votado en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, "por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar", añade el GPP.
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En la parte opuesta, el PSOE considera que en el caso de que el TC accediera a las medidas cautelares pedidas por el PP y Vox,"se perturba el funcionamiento de las Cortes Generales y se violenta los derechos de los parlamentarios garantizados por el artículo 23 de la Constitución".
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