Varios testigos que han declarado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9-N han admitido que el Gobierno catalán siguió implicado en la organización de la consulta después del 4 de noviembre, en que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Ante el juez que investiga la causa del 9-N han declarado como testigos Joan Cañada, asesor en materia de opinión del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta; Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas y papeletas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé.
También han testificado la directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder las llaves para que su centro acogiera la consulta, y el responsable de la empresa Focus, a la que la Generalitat pagó 140.000 euros por montar la carpa que acogió el centro de prensa y difusión de datos del 9N.
Los cargos de la Generalitat han reconocido que, tras el 4 de noviembre, la administración catalana siguió implicada en la organización de la consulta, aunque fuera de forma indirecta. Han argumentado, no obstante, que cuando el TC notificó la suspensión era muy difícil detener el engranaje del proceso, que en muchos casos estaba en manos de las empresas que habían firmado convenios con la Generalitat, según han informado fuentes judiciales.
En la misma línea, la declaración de los otros dos testigos ha coincidido con la tesis de la Fiscalía de que la Generalitat siguió haciendo gestiones relacionadas con la organización de la consulta tras la suspensión. Precisamente, el TSJC centra su investigación en determinar si el Gobierno catalán llevó a cabo actos para organizar la consulta después de su suspensión por el Constitucional, lo que en opinión de las acusaciones podría constituir un delito de desobediencia.
De hecho, una de las líneas de defensa del presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega es que la Generalitat paralizó todos los actos administrativos encaminados a organizar la consulta cuando fue suspendida, por lo que el proceso quedó enteramente en manos de voluntarios.
Por el contrario, la directora del CIRE, entidad para la reinserción de presos que depende del Departamento de Justicia, ha afirmado que las urnas y papeletas para el 9-N estaban confeccionadas ya el 30 de octubre y que los días siguientes -incluidos los posteriores al 4 de noviembre- fueron transportadas a los centros de votación por las empresas logísticas que, antes de la suspensión, habían firmado los correspondientes convenios con la Generalitat.
También el director del CTTI, que asumió la organización informática de la consulta, ha admitido que el software que se utilizó para la votación se acabó de instalar el 4 de noviembre en los ordenadores que se transportaron a las escuelas. El transporte de esos ordenadores, como en el caso de las urnas, fue efectuado en los días posteriores por las empresas que habían sido homologadas por la Generalitat a tal efecto, sin que, según el testigo, el Gobierno catalán tuviera margen para impedir esas gestiones después del 4 de noviembre porque ya estaba en manos de las compañías colaboradoras.
Jordi Escalé ha admitido que, a lo largo de la jornada de la consulta, estuvo al frente del dispositivo informático del 9-N, pero ha precisado que lo hizo para proteger los servidores de la Generalitat de los ataques informáticos que se produjeron tanto el día de la votación como su víspera. El director del CTTI ha explicado también que el personal de la entidad que trabajó en la jornada del 9-N lo hizo en calidad de voluntariado, han apuntado fuentes judiciales.
Por su parte, la directora de instituto que se negó a que su centro acogiera las urnas de la consulta ha explicado que, entre los días 6 y 7 de noviembre, recibió varias llamadas de la responsable de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montse Llobet, en las que ésta le apremiaba a entregar las llaves del edificio. La testigo, Dolores Agenjo, que concurrió en la lista de Ciudadanos en las pasadas elecciones del 27-S, ha insistido en que fue "presionada" por el departamento de Enseñanza de la Generalitat para que cediera a entregar las llaves y que, tras el 9-N, recibió correos electrónicos amenazantes.
En la línea del resto de testigos, el administrador de Focus ha reconocido que, pese a que el encargo de la Generalitat para que montara el centro de prensa fue anterior al 4-N, en los días posteriores a la suspensión siguió recibiendo indicaciones para modificar algunos elementos, en la aplicación informática en que la administración catalana le enviaba sus peticiones.
Asimismo, Joan Cañada, conocido como el director del 9-N, ha afirmado que su departamento esperó sin éxito que el Constitucional respondiera el requerimiento de la Generalitat para que concretara qué actos quedaban suspendidos, sin adoptar nuevas iniciativas, aunque tampoco se emitió una orden concreta para paralizar el proceso participativo. Cañada ha justificado que la Generalitat mantuviera activada tras el 4-N la página web "Participa2014" que informaba de la consulta en la dificultad de eliminarla, dado que estaba conectada con servidores alojados en distintos países para evitar ataques informáticos.
