Vicente Vallés: "El camino de Puigdemont está despejado"

Antes de las elecciones generales de 2023, Puigdemont era un expresidente, evadido a Bélgica, cuyo partido iba de mal en peor cada vez que se convocaban las urnas. Se había convertido en alguien políticamente irrelevante, al que-ya-solo seguían los muy cercanos.

Sin embargo, después de las elecciones generales, Pedro Sánchez decidió que era apropiado considerar al prófugo un actor político como cualquier otro, y le pidió sus siete votos en el Congreso.

Como consecuencia, le entregó la amnistía y, por extensión, el control de la legislatura. Pero el juez Llarena, del Tribunal Supremo, entendió que la amnistía no cubre uno de los delitos de los que se acusa al líder independentista: el delito de malversación.

Ahora, Moncloa espera resolver ese problema con la nueva ley que propone para eliminar a las acusaciones populares. Otro problema es el de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. Y ese inconveniente también está en vías de solución para el gobierno y para Puigdemont.

El Constitucional tiene una mayoría de magistrados progresistas, cercanos a las tesis del gobierno: seis frente a cinco conservadores. La distancia es mínima, y un cambio de bando pondría en riesgo la ley de amnistía. Hubo recusaciones contra dos magistrados progresistas, que hubiera dado la mayoría a los conservadores. Pero no se aceptó ninguna de las dos.

Por el contrario, la mayoría progresista sí ha aceptado la recusación de un magistrado conservador, con lo que la mayoría cercana al gobierno pasa a ser de seis frente a cuatro. Esa recusación fue presentada por el fiscal general, por el gobierno a través de la Abogacía del Estado, y por el propio Puigdemont. Su camino está despejado.

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