La Fiscalía cree que un sector de la Policía pasó información a Ignacio González

La Fiscalía Anticorrupción cree que el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, pudo obtener "informaciones reservadas" y de "interés para los asuntos judiciales" que podían existir contra él por parte de un sector de la policía "no identificado plenamente hasta el momento". "

Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", señala la Fiscalía en un informe del pasado 21 de febrero, dos meses antes de estallar el caso, que obra en el sumario.

El Ministerio Público habla además de las "indiciarias influencias" que podían ejercer los investigados, entre ellos González, "dentro de la carrera judicial" para tratar de constatar si había algún procedimiento contra ellos. Se trata del informe en el que los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, hablan de una "magistrada amiga" que pudo advertir a los investigados de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos.

Villar Mir ha negado este martes ante el juez del caso Lezo saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González

Pese a que los fiscales no identifican ni a dicha magistrada ni a ese supuesto sector de la Policía, sostienen que González y otros investigados "demuestran un alto conocimiento de las instancias judiciales y alardean de la relación que les une con algunos miembros de la carrera judicial o fiscal". Aunque añaden que hasta ese momento no se había podido "concretar si realmente tienen capacidad efectiva para influir en los mismos". También se habla en el informe de las supuestas influencias de los investigados dentro del Canal de Isabel II, de las que podrían haber hecho uso "para obtener informaciones internas" acerca de "las eventuales acciones judiciales" iniciadas por la compra de la sociedad brasileña Emissao.

Dicha adquisición se realizó sobrevalorando su precio por 20 millones de euros, lo que ocasionó un desfalco a las arcas públicas de unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros). Estas actuaciones de los investigados irían supuestamente dirigidas a buscar "protección frente a un eventual descubrimiento y persecución de los hechos ejecutados" con la finalidad de que sus acciones delictivas quedasen impunes.

Según la Fiscalía, Ignacio González y su hombre de confianza Edmundo Rodríguez, también en prisión, comparten unos vínculos que van más allá de "la mera relación afectiva o profesional" y suponen una "unión delictiva (...) cuyo principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de componendas ilícitas pagadas con dinero público".

"Ignacio González y Edmundo Rodríguez se han prevalido de sus funciones públicas para depredar ilícitamente el patrimonio de los ciudadanos de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones con diversos sectores que ostentan poder, ya sea público, financiero o mediático", sostiene el informe. Y señala además que su actuación implica un "claro" ejemplo de "práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la Justicia".

Villar Mir niega saber nada de un supuesto pago a González de 1,4 millones

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha negado este martes ante el juez del caso Lezo saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por interceder para la adjudicación a su empresa de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid).

Villar Mir, máximo accionista de la constructora, ha declarado este martes durante dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, en relación a la pieza número 3 del caso Lezo, en la que se investiga la adjudicación del citado tren, una obra que nunca se llegó a realizar.

Según han informado a fuentes jurídicas, durante su comparecencia el empresario ha negado saber los pormenores del desarrollo de este concurso al que concurrió su empresa, puesto que, como presidente del grupo, no estaba al tanto de todas las obras públicas a las que se presentaba la constructora.

Villar Mir se ha desvinculado así de forma tajante de esa adjudicación en una comparecencia que se ha alargado durante dos horas, puesto que durante la misma se ha empleado mucho tiempo en leer varias conversaciones pinchadas que forman parte de esta pieza, aún bajo secreto de sumario. Tras oír su declaración, los fiscales del caso han decidido no pedir ninguna medida cautelar para él. También estaban citados para hoy en calidad de investigados el exdirector del departamento de construcción de OHL Rafael Martín Nicolás y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), encargada de valorar los candidatos que optaban a la obra.

García Castellón investiga en esta pieza el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren y en el que podrían estar involucrados el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid (también imputado), e Ignacio González, encarcelado por este caso. En unas anotaciones de López Madrid que obran en la causa figura que el yerno de Villar Mir, que estaba en OHL cuando la constructora optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a Trabada acerca "de un tercero llamado Nacho", que podría referirse al expresidente madrileño.