Poder Judicial
Un vocal del Consejo General del Poder Judicial recurre el nombramiento del nuevo presidente del órgano
El vocal Wenceslao Olea avisó de que lo haría y lo ha cumplido. Recurre el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y pide su suspensión.
![Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial](https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages01/2022/10/13/2D613DFB-FD8B-46A4-A093-203466BDFF56/rafael-mozo-nuevo-presidente-consejo-general-poder-judicial_98.jpg?crop=600,338,x0,y0&width=1900&height=1069&optimize=low&format=webply)
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El nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no calma los ánimos. La marcha de Carlos Lesmes dejó un vacío difícil de rellenar y no fue hasta pasadas 48 horas de su nombramiento cuando se conoció el nombre de su sucesor. Rafael Mozo, el propuesto por el bloque progresista, y el vocal que más tiempo llevaba en sus funciones, le sucedió de forma interina, aunque no parece que su cargo vaya a ser un camino de rosas.
Uno de los vocales del Poder Judicial, Wenceslao Olea, ha anunciado que recurre la medida de forma cautelarísima y solicita la suspensión temporal del nombramiento de Mozo. A su juicio, el pleno que aprobó el nombramiento de Rafael Mozo como nuevo presidente interino del CGPJ, "carece de competencia para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quién ejercite la presidencia del Supremo".
La batalla en el Poder Judicial sigue al rojo vivo y este nuevo recurso presentado por el vocal Olea, que llegó al órgano a propuesta del Partido Popular, puede volver a encallar las negociaciones. Algunos partidos políticos siguen insistiendo en que se despolitice la justicia, como es el caso de Ciudadanos y Vox. Los partidos políticos que tienen representación en el Consejo General del Poder Judicial son el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida y el PNV.
El Poder Judicial lleva casi 4 años caducado
Tras la denuncia presentada por Wenceslao Olea, el Tribunal Supremo tiene ahora un plazo máximo de dos días para pronunciarse sobre esta cuestión, por lo que queda en su mano decidir si el nombramiento puede ser considerado legítimo o no, al carecer de competencias. Hecha la denuncia, falta por saberse cuál será el resultado final del alto tribunal y las consecuencias que ello tendrá en la política española, en función de qué decida el Supremo.
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El próximo mes de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial cumplirá cuatro años desde que caducó. Desde entonces, no se ha hecho la renovación pertinente, por lo que la mayoría de sus miembros ha quedado muy limitado en todas sus funciones.
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