Los vocales conservadores del CGPJ tildan de "irresponsable" a Pedro Sánchez tras sus declaraciones sobre los jueces y el TC

Los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han bloqueado desde septiembre la renovación del Tribunal Constitucional han tildado este sábado de "irresponsable" al presidente, Pedro Sánchez, por sus palabras, el pasado jueves en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo. El presidente manifestó que "la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia".

En una declaración institucional, han criticado que estas declaraciones se produjeron tras las realizadas por portavoces parlamentarios, en las que "se vertieron groseras descalificaciones sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial". Los firmantes consideran "irresponsable hacer ese tipo de aseveraciones, carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de la instituciones ante la ciudadanía".

Además recuerdan que la Comisión Europea exige que, para respetar el Estado de Derecho, los miembros de los gobiernos y parlamentos de los Estados de la UE deben "abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto".

El texto está firmado por los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María Angeles Carmona Vergara.

¿Cuál es el origen de toda la polémica?

Aprovechando la proposición de ley de derogación de la sedición, PSOE y Unidas Podemos introdujeron dos enmiendas que modifican diversos aspectos legales de dos leyes orgánicas con la intención de desbloquear la renovación del Constitucional. Una enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional, siempre que no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes.

En ese momento, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quorum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente. Y lo más polémico, la reforma abre la puerta a responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley, como sucede actualmente. La segunda enmienda modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios.

¿Por qué se plantean estas enmiendas?

El motivo que justifica estos cambios legales es el bloqueo de los vocales conservadores del CGPJ, que impide el nombramiento de los dos magistrados del TC que por turno corresponden al Consejo. El 13 de septiembre venció el plazo legal fijado por la ley para efectuar los nombramientos sin que hasta la fecha los vocales conservadores se hayan sentido concernidos por ello. Tres meses dilatando la renovación con todo tipo de argumentos.

Primero pidieron fijar las reglas del juego; tras ello aseguraron que no había magistrados en el Supremo que quisieran postularse al TC; luego había que esperar a la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y a su posterior impacto; después dar tiempo a las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ; y cuando los progresistas acordaron su candidato, ellos pidieron examinar a otros aspirantes progresistas.

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