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Coronavirus
Vox se querella contra los responsables de las compras sanitarias del Gobierno por el coronavirus
Les señala por prevaricación, malversación y fraude y pide que se les interrogue. Afirman que la adquisición de material sanitario desde el 13 de marzo hasta el 30 de abril supera los 310 millones de euros.
Vox ha presentado una querella criminal contra los responsables de Sanidad de las compras de material sanitario por el coronavirus.
En una nota de prensa, explican que han presentado una querella contra Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF) por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.
Consideran que, en el marco de la crisis del coronavirus, se han aprobado contratos “de forma irregular”, puesto que no se justifica la "contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado", con empresas "sin solvencia técnica ni profesional".
Según este escrito, entre el 13 de marzo y el 30 de abril se han realizado compras sanitarias por la crisis del coronavirus por un valor que supera los 310 millones de euros. Dicen que en 56 de los contratos firmados no consta la identidad fiscal de los adjudicatarios, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización.
Destaca además doce contratos realizados a empresas que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de esas características.
Desde el 20 de abril, y por orden del Tribunal Supremo, el Ministerio de Sanidad está obligado a adoptar "todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario". También debe informar quincenalmente de esas medidas.
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