El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que es importante reformar una institución, pero más que una mujer amenazada sienta que su país la protege, y ha reclamado que España sea el primer país en pedir que la igualdad sea la prioridad número uno en los Objetivos del Milenio. "¿Acaso no es el primer problema que tiene un país consigo mismo?", ha preguntado Zapatero en un acto conmemorativo del décimo aniversario de aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la primera aprobada por su gobierno, que ha comenzado con la condena del asesinato de una mujer el viernes en Barcelona.
El expresidente ha defendido las políticas de igualdad como las más transformadoras y ha subrayado la valentía que supondría que España fuera el primer país en proponer, a instancias del grupo parlamentario socialista, que sean la primera prioridad en la "postagenda" de los Objetivos del Milenio que se discutirá en 2015.
Con el recuerdo de la aprobación de la ley contra la violencia machista, ha quedado clausurado el I Encuentro de Igualdad por una sociedad segura y libre de violencia, organizado por el PSOE con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora cada 25 de noviembre. A la clausura han asistido, además de Zapatero, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, Iratxe García, las portavoces de Igualdad y Asuntos Exteriores del PSOE, Trinidad Jiménez y Carmen Montón, respectivamente, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando.
Se publicó en el BOE el 29 de diciembre de 2004
El próximo martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia de Género, fecha en la que se ha elegido celebrar el décimo aniversario de la norma, aunque ésta en realidad se publicó en el BOE el 29 de diciembre de 2004 y entró en vigor al mes de su publicación, salvo una parte cuya aplicación contó con una 'vacatio legis' de seis meses. Con motivo de esta conmemoración, el PSOE ha elaborado un protocolo de actuación de diez medidas para que sus militantes sepan cómo ayudar a aquellas mujeres víctimas de violencia de género o a sus familiares que acudan a sus agrupaciones locales o sedes en búsqueda de ayuda, entre ellas se establece que se formará en materia de prevención de la violencia de género a los militantes y simpatizantes y se pondrá en marcha otra formación específica para agentes voluntarios que se harán cargo de desarrollar este protocolo.
En el decálogo que los socialistas han preparado para sus militantes declaran que "todas las sedes del PSOE son espacios seguros y libres de violencia de género", al mismo tiempo que remarca que en todas las sedes del PSOE se practica "tolerancia cero" con el maltrato y los maltratadores. "Todas las personas que formen parte del PSOE tienen la obligación de ayudar a cualquier mujer que sufra maltrato. La identificación de las víctimas de maltrato es una tarea difícil y, ante cualquier duda, es importante llamar al teléfono 016 exponiendo el caso", agrega el decálogo.
Es más, establece que, en cada agrupación socialista se elaborarán directorios de trabajo en los que se recojan los recursos locales. "Este protocolo exige la creación imprescindible de una comisión de ejecución y seguimiento del mismo dependiente de la secretaría de organización", añade."No se trata de suplantar las actuaciones de instituciones o asociaciones de mujeres, sino de sumar acciones. La militancia se convierte en activista por los derechos de las mujeres y se compromete a ayudar y derivar a quien lo solicite hacia una atención especializada", agrega el PSOE.
Esta programación socialista contará también con una campaña de sensibilización con varias viñetas diseñadas por Diana Brajnovic, donde se reclama una "sociedad libre y segura de violencia de género", así como la declaración de todas las sedes socialistas, conocidas como 'casas del pueblo', como 'espacios libres de violencia de género'. Además, el PSOE ha preparado una ofensiva parlamentaria, con el registro de varias proposiciones no de ley en la materia para su debate en Pleno, así como la solicitud de comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que realice una evaluación de los diez años de la ley.
