La detención de Eduardo Zaplana supone el primer zarpazo real de la Justicia a una persona a la que el instinto político permitió desarrollar una imparable carrera a lo largo de 17 años, que inició como alcalde de Benidorm y culminó como ministro y portavoz del PP hace una década, cuando se retiró a la empresa privada bajo la sombra de la sospecha sobre su gestión pública.
Nacido en 1956 en Cartagena (Murcia), este abogado dio sus primeros pasos en política de la mano de UCD, aunque logró sus primeros cargos electos con el PP, en la localidad en la que vivió desde niño, Benidorm, de la que se convirtió en alcalde en 1991.
La alcaldía de este turístico municipio, a la que llegó gracias a lo que algunos acuñaron como 'marujazo' -el voto de la concejala tránsfuga socialista Maruja Sánchez le dio la vara de mando-, fue la plataforma desde la que en 1995 dio el salto a la política autonómica.
Así, con 39 años se convirtió en el segundo president de la Generalitat de la democracia, gracias a un acuerdo de gobierno -el llamado 'pacto del pollo'- con Unión Valenciana, partido regionalista al que el PP acabaría fagocitando para iniciar la siguiente legislatura con una mayoría absoluta que los populares reeditarían hasta 2015.
Siete años estuvo Zaplana al frente del Ejecutivo valenciano, una etapa en la que impulsó la proyección exterior de la Comunitat y puso en marcha los denominados "grandes proyectos", como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el parque temático Terra Mítica en Benidorm.
También contrató al cantante Julio Iglesias para promocionar los productos valencianos por medio mundo -oficialmente por 375 millones de pesetas, oficiosamente por mil millones- mediante conciertos en países como Japón, China o Rusia.
En materia sanitaria impulsó el 'modelo Alzira' para la gestión privada de hospitales públicos, y dentro de sus políticas neoliberales intentó la privatización de la televisión autonómica, que finalmente no se llevó a cabo.
De su gestión en el Consell siempre presumió de haber logrado "los mejores indicadores de prosperidad" y de no haber tenido "ningún problema jamás de índole judicial", si bien algunas causas investigadas judicialmente -como el caso IVEX o el caso Terra Mítica- ocurrieron durante sus años de presidencia.
Su nombre también había aparecido en 1990 en las cintas del caso Naseiro, referido a la presunta financiación ilegal del PP, aunque no era él quien decía que estaba en política para forrarse, como muchas veces se le atribuyó erróneamente, pero sí el que afirmaba que necesitaba mucho dinero para vivir.
En esos siete años pulió su estilo político y también se le empezó a quedar pequeño el Palau de la Generalitat, por lo que en 2002 subió un escalón más en un imparable ascenso político y fue nombrado por José María Aznar ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cargo al que meses después sumó el de portavoz del Gobierno.
Desde su nuevo destino en Madrid, Zaplana intentó controlar con el mando a distancia al PPCV, pero se encontró con la oposición frontal de su "hijo político", Francisco Camps, hasta el punto de que el partido se fracturó un tiempo entre 'zaplanistas'y 'campsistas', y finalmente en abril de 2004 tuvo que abandonar la presidencia del PP valenciano.
Para entonces, los populares habían sido desalojados por las urnas de La Moncloa y comenzaba su andadura como portavoz del PP en el Congreso, una etapa que en su recuerdo quedó como una de las tareas más "duras" e "ingratas" de su carrera política.
Se convirtió en el encargado de negociar todos los acuerdos con el PSOE -entre ellos la elección del director de RTVE y la renovación del CGPJ-, en el 'azote' del Gobierno -premio que después le concedió la Asociación de Periodistas Parlamentarios- y en el que debió lidiar con temas tan delicados como la comisión parlamentaria de investigación de los atentados del 11-M de 2004, ocurridos cuando él era portavoz del Gobierno.
Consiguió grandes amigos en el PSOE y su labor de oposición consiguió despertar pasiones y odios, pero no dejó indiferente a nadie.
En privado, sus adversarios políticos han reconocido siempre en Zaplana a un político "de raza", y han valorado su capacidad de negociar.
En abril de 2008 consideró que había cumplido con su deber y optó por pasar a la empresa privada, como delegado de Telefónica en Europa, en un momento de renovación del PP y, según dijo, con la satisfacción del "deber cumplido". "Tengo la sensación del deber cumplido, de haber dado todo lo que estaba en mi mano, de haber realizado todos los esfuerzos que he podido, de tener la satisfacción de no cosechar ningún fracaso, al menos ningún fracaso relevante", dijo el día que renunció al escaño en el Congreso de los Diputados.
El pasado mes de diciembre testificó en la Audiencia Nacional, por el caso Bárcenas, que se limitó a escuchar al expresidente madrileño Ignacio González cuando, en una conversación pinchada en el marco del caso Lezo en el despacho de este último, le contó sus teorías sobre sus problemas judiciales, pero no le dio credibilidad.
Dos meses antes, su nombre aparecía también en un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el caso Púnica; los investigadores creen que pudo cometer un delito de tráfico de influencias en una gestión que hizo para la exacaldesa de Madrid Ana Botella con empresas investigadas en esa causa.
En los últimos años Zaplana nunca ha dejado de visitar la Comunitat, donde conserva amigos y familia, e incluso acudió a la toma de posesión del socialista Ximo Puig como president de la Generalitat y a varias celebraciones recientes del Día de la Comunitat del 9 de octubre.
En 2015 le diagnosticaron un cáncer de médula y posteriormente se sometió a un trasplante en un hospital público valenciano, una enfermedad de la que el "molt honorable" -reconocimiento que la ley de expresidentes de la Generalitat otorga a todos los que han ocupado el cargo- ha ido dando muestras de recuperación.
