El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado este jueves que el "ataque desleal" a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont, "con una desobediencia clamorosa" y con "absoluta pasividad" de los Mossos d'Esquadra el 1-O, generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.
La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el "impacto de la desaceleración" económica en Cataluña.
Zoido ha avalado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada de referéndum ilegal de Cataluña del 1-O, que ha calificado de "legítima, profesional y proporcionada". Zoido ha comparecido en el Senado para explicar el despliegue y actuación policial en el proceso independentista y ha lamentado los hechos que acontecieron ese día y las heridas que causó a algunas personas.
"Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena", ha dicho. Pero ese día "fue absolutamente necesario", ha añadido Zoido, quien ha subrayado que, aunque no le correspondía juzgar "si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones", quizá "si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar".
Ha criticado la "absoluta pasividad" y "nula colaboración" de los Mossos d'Esquadra para dar cumplimiento al mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre, en el que, según sus datos, en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que personas censadas.
El titular de Interior ha destacado en su comparecencia en el Senado que durante el referéndum ilegal las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales "que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron" a pesar de la actuación de los comités de defensa del referéndum y de una "resistencia pasiva organizada".
"Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar", ha señalado, denunciando la "organización y complicidad" de los organizadores, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.
La actitud de los mossos el 1-0 fue de "absoluta pasividad" y "nula colaboración" ante la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil y, según Zoido, se ha podido constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas "una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías". También ha lamentado "como el que más" los heridos, aunque ha culpado a los impulsores del 1-O.
Fue esto lo que, según su relato, provocó "en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar". "Un elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho.
