Juana Rivas, condenada a cinco años de cárcel y seis sin la patria potestad de sus hijos por dos delitos de sustracción de menores

Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Granada, condena a Rivas como autora de dos delitos de sustracción de menores a dos años y medio de prisión por cada uno de ellos.

Durante el juicio, Rivas manifestó en su defensa que era objeto de violencia de género por parte de Arcuri, que fue condenado en 2009. "Pensaba que como madre tenía que defenderlos (...) Soy madre y he venido escapando del maltrato, cómo los voy a entregar, era garante de mis hijos", dijo.

La resolución señala que, salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en el mayor de los dos hijos se han detectado desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre.

El juez indica igualmente que tampoco se ha apreciado que la restitución al contexto paterno suponga "un grave peligro para su integridad física o psíquica".

En la sentencia se considera probado que Rivas estuvo unida sentimentalmente al italiano Arcuri, con el que tuvo dos hijos en 2006 y 2014 y que, tras residir en España, donde la pareja estuvo temporalmente separada en 2009 y Francesco fuera condenado por un delito de malos tratos, decidieron reconciliarse y en 2012 se trasladaron a Italia.

Fijaron entonces de común acuerdo la residencia familiar en Carloforte, localidad donde los menores fueron escolarizados y quedaron registrados como residentes.

En mayo de 2016, Rivas se trasladó a Granada con los dos menores y dijo a su pareja que lo hacía para visitar a la familia y que volvería en un mes. Llegada la fecha de vuelta, no lo hizo y en julio de 2016 interpuso un denuncia por malos tratos contra Francesco, al que antes había dicho que estaba enferma y que no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos a Carloforte y mantenerlos con ella en Granada.

Esta decisión se la hizo llegar a él en agosto de 2016, cuando expresamente le manifestó su negativa a volver a Italia con los niños, a los que escolarizó en el curso 2016-2017 en Maracena (Granada).

Arcuri promovió entonces y obtuvo, ante el Tribunal de Cagliari, la guarda y custodia provisional de los dos menores en junio de 2017, lo que finalmente motivó que un juzgado de Granada ordenara la inmediata restitución de los menores a Italia, decisión que fue refrendada por la Audiencia Provincial, que volvió a pedir el inmediato cumplimiento de la entrega.

Desatendido el anterior requerimiento el juzgado dictó resolución por la que conminaba a la entrega inmediata a finales de julio en el punto de Encuentro Familiar de Granada, hasta donde se desplazó el padre de los niños, junto a la autoridad consular de Italia y una dotación policial, aunque la acusada no se presentó.

Según la sentencia, a la vez la acusada tomó "parte en una campaña mediática", con rueda de prensa incluida, al frente de la que apareció Francisca Granados, quién adoptó la función de portavoz y asesora legal de Juana.

Rivas decidió ocultarse en compañía de los dos menores en un lugar desconocido para las autoridades y agentes, que trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados, lo que motivó que Arcuri interpusiera una denuncia por desaparición de los niños.

El Juzgado de Instrucción 2 ordenó nuevamente la inmediata entrega de los menores, que finalmente tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, cuando la acusada compareció en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde fueron entregados a Arcuri.