Unas 200.000 personas se han manifestado en Río de Janeiro para exigir a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que vete un proyecto de ley que supone repartir entre los 26 estados que forman el país sudamericano los beneficios petroleros.
El proyecto de ley pretende llevar a cabo un reparto más equitativo de las ganancias procedentes de la explotación de los yacimientos de petróleo, que se concentran en los estados del sureste del país, uno de los cuales es Río de Janeiro.
Los cariocas aseguran que con la nueva distribución de los beneficios petroleros el estado perderá 2.079 millones de reales (768 millones de euros) solo en 2013, lo que, advierten, podría poner en peligro la financiación del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016.
El proyecto de ley fue aprobado el pasado mes de octubre por el Congreso, pero para que entre en vigor como norma jurídica debe ser sancionado por la jefa de Estado, a no ser que decida ejercer su derecho a veto. En este caso, tiene de plazo hasta el próximo viernes para frustrar el texto legal.
En este contexto, unas 200.000 personas, según cálculos de la Policía Militar, se han manifestado en Río de Janeiro para pedir el veto presidencial, entre ellas el gobernador estatal, Sergio Cabral, y el alcalde municipal, Eduardo Paes, así como otros políticos, empresarios, intelectuales, artistas y deportistas.
"La ley causará el colapso financiero de Río de Janeiro", ha advertido Cabral. "No habrá Mundial de Fútbol, no habrá Juegos Olímpicos, no habrá dinero para las pensiones", ha detallado, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.
A la manifestación también han asistido los Municipios Productores de Petróleo (Ompetro). Su presidente, Riverton Mussi, ha informado de que han habilitado un total de 25 autobuses para trasladar a la población local hasta Río de Janeiro con el fin de que pueda secundar la protesta.
"Hemos venido para combatir esta injusticia", ha dicho el director administrativo de Campos dos Goytacazes, Alcimar Carvalho. "Nuestro municipio es uno de los mayores productores de petróleo del país y, por tanto, va a ser uno de los más perjudicados", ha explicado al diario 'O Globo'.
Esta es una de las decisiones políticas más delicadas que Rousseff deberá tomar en sus dos años de mandato, ya que se enfrenta a la disyuntiva de contentar a sus socios de gobierno o de cumplir la promesa electoral de reducir la pobreza en Brasil.
Tanto Cabral como Paes son dos de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), uno de los principales aliados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso, por lo que, de no vetar el proyecto de ley, Rousseff podría tener que afrontar otra crisis interna.
No obstante, la norma jurídica es esencial para alcanzar la meta fijada no solo por la administración Rousseff, sino por la de su antecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, que es llevar a cabo una distribución más equitativa de la riqueza que permita sacar de la pobreza a millones de brasileños.
