Tarrant, de 28 años, quien compareció por videoconferencia ante el Tribunal Superior de Christchurch, está acusado de un cargo de terrorismo, 51 de asesinato y 40 de intento de asesinato por la masacre perpetrada en las mezquitas de Al Noor y Linwood, en la ciudad de Christchurch.
Vestido con una sudadera gris, parecía sonreír cuando uno de sus dos abogados hizo la declaración ante el juzgado, donde los asistentes, entre ellos los sobrevivientes y familiares de las víctimas acallaron su reacción, según Radio New Zealand, uno de los medios locales que tiene acceso a la sala.
Durante la vista, el juez Cameron Mander dijo que los informes sobre la evaluación de la salud mental del acusado indican que no existen problemas en este sentido.
"No se han apuntado problemas con respecto a la idoneidad del acusado para declararse (culpable o no culpable), dar instrucciones a su abogado y someterse a juicio. Por lo tanto, no se requiere una vista de aptitud física", precisó Mander.
El juez también fijó el inicio del juicio para el próximo 4 de mayo de 2020 y si bien la Fiscalía cree que puede durar seis semanas, la defensa de Tarrant, cuya fotografía por primera vez se publicó sin ser pixelada, calcula que puede extenderse varios meses.
Tarrant, quien se encuentra aislado en un pabellón de máxima seguridad en una prisión de Auckland, también comparecerá ante el Tribunal para una revisión del caso el 16 agosto próximo.
El acusado, quien retransmitió en directo por internet el asalto, supuestamente disparó a quemarropa contra los musulmanes que se encontraban en las mezquitas para realizar su oración de los viernes.
Tarrant, que también publicó en las redes sociales su ideario supremacista, tomó por sorpresa a las autoridades dado que no tenía antecedentes y obtuvo la licencia de armas en noviembre de 2017, tras cumplir con los requisitos legales.
Desde el ataque en Christchurch, el gobierno de Nueva Zelanda adoptó medidas como una reforma sobre la tenencia de armas semiautomáticas e impulsó a nivel mundial regulaciones a las redes sociales para evitar la propagación de mensajes de odio, además de crear una Comisión Real para investigar los hechos.
