Alrededor de 6.000 inmigrantes bangladeshíes y rohingyas continúan a la deriva en condiciones muy precarias, según la ONU, que criticó que Malasia, Indonesia y Tailandia hayan puesto en marcha "una política de devolución" al mar de embarcaciones.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, pidió a los gobiernos de esos tres países que "actúen rápidamente para proteger las vidas" de los inmigrantes. Aunque felicitó a Indonesia por haber permitido hace cinco días el desembarque de 582 inmigrantes y a Malasia por haber hecho lo mismo al día siguiente con 1.018, les advirtió de que impedir ahora la llegada o negarse a rescatar embarcaciones repletas de personas es igual a poner en peligro sus vidas.
"Actúen rápidamente para proteger vidas"
Zeid dijo estar consternado por las últimas informaciones que indican que, en efecto, Malasia, Indonesia y Tailandia han devuelto embarcaciones de inmigrantes a mar abierto, impidiéndoles aproximarse a sus costas. Tales acciones "van a conducir forzosamente a numerosas muertes que podrían haber sido evitadas".
Calificó de "incomprensible e inhumana" la acción de la Marina tailandesa de repartir agua y comida en una embarcación en la que se encuentran cientos de personas "en condiciones abyectas", así como combustible para que salgan de sus aguas territoriales.
La ONU también criticó las amenazas lanzadas por países de la región de "criminalizar" a inmigrantes y solicitantes de asilo vulnerables y que han ingresado de manera irregular. "Los gobiernos del Sudeste Asiático deben responder a este crisis partiendo del principio de que los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, de la manera en que han cruzado las fronteras o de donde vienen, son personas con derechos que se deben respetar", dijo Zeid.
Recalcó que ponerlos en centros de detención no es una solución y que en cambio hay que concentrar los esfuerzos contra los traficantes de personas. Se estima que el año pasado unos 53.000 inmigrantes partieron por mar desde Bangladesh y Birmania, donde la minoría musulmana rohingya es perseguida y vive en condición de apátrida, pues el Gobierno rechaza reconocerlos como nacionales.
