La impunidad en Filipinas está a punto de acabar. Y es que, un informe de Amnistía Internacional parece dejar a las claras, que en la llamada 'Guerra Contra la Droga', promovida por el presidente Rodrigo Duterte se han llevado a cabo muchas de las denominadas por este organismo, como ejecuciones ilegales.
Se estima que miles de personas han muerto, unas 6.000 durante operaciones policiales en las que, según los agentes, los sospechosos también iban armados y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. El Gobierno ha rechazado en numerosas ocasiones las acusaciones vertidas contra la Policía, que señalan a los agentes como "verdugos" que ejecutan a consumidores y traficantes de drogas. Además, las autoridades defienden que los familiares de las víctimas puedan presentar sus casos ante la Justicia.
Amnistía ha advertido de que las autoridades utilizan "deliberadamente la desinformación" para hacer imposible la supervisión y monitorización de las ejecuciones, que en la mayoría de los casos tienen como víctimas a poblaciones pobres y marginales que carecen de los recursos necesarios para enfrentarse a la Policía en los tribunales.
El informe de la ONG se centra en la provincia de Bulacan, el nuevo epicentro de las medidas. La organización ha analizado 27 ejecuciones registradas durante 20 incidentes, de los cuales 18 habrían sido operaciones policiales oficiales.En la mayoría de esos incidentes las víctimas se encontraban en "listas" de personas sospechosas de consumir drogas o estar vinculadas a los estupefacientes. Basándose en testigos, AI ha concluido que la mitad de esas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.
Duterte ha defendido en todo momento la labor de la Policía y ha afirmado que los agentes se han acogido a la legalidad vigente. Por ello, ha calificado la petición para que la ONU abra una investigación de "interferencia por parte de terceros, que se han visto engañados por las 'fake news' y las narrativas desleales".
