La UE aprueba el pacto migratorio que llevaba negociándose desde 2020

El nuevo pacto migratorio dice adiós a la 'solidaridad', que los gobiernos podrán eludir con el pago. El Parlamento Europeo, que quería el reparto obligatorio de cuotas al menos en las situaciones de crisis, ha cedido a favor de un acuerdo que todas las partes implicadas admiten que si no salía ahora, más adelante se pondría aún más difícil. También se endurecen los requisitos para la concesión de asilo y las condiciones en las que las personas migrantes aguardarán hasta que se resuelvan los expedientes en las fronteras con una ampliación de los plazos de detención.

Este nuevo pacto, regula todos los pasos del proceso, desde la llegada del solicitante de asilo a territorio comunitario hasta su acogida o rechazo. Pretende sustituir y hacer más restrictiva la legislación actual. La Comisión Europea presentó su propuesta normativa en septiembre de 2020. Pero solo en junio, el Consejo de la UE pudo cerrar una posición común sobre uno de los asuntos más controvertidos, las cuotas obligatorias de solicitantes de asilo a repartir entre todos los socios y que está regulada en dos reglamentos.

Los gobiernos llegaron a la negociación de estos últimos días con la Comisión Europea y la Eurocámara con posiciones más duras y poco margen de maniobra para la negociación. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que en el último momento algunos países pusieron muy difícil llegar a un acuerdo, especialmente Francia.

La recta final del pacto europeo ha coincidido con la ley de inmigración que Emmanuel Macron ha terminado sacando adelante con el apoyo inesperado de la extrema derecha de Marine Le Pen, que endurece las condiciones del reagrupamiento familiar, recupera el delito de "estancia irregular" y limita el acceso a las ayudas públicas.

"Solidaridad obligatoria pero flexible"

Esta nueva regulación comunitaria establece el concepto de "solidaridad obligatoria pero flexible" y marca que habrá cuotas de redistribución de demandantes de asilo o el pago de 20.000 euros por persona a la cesta común en caso de que un Estado rechace hacerse cargo de la parte que le toca. Los socios también podrán contribuir con medios materiales o asumiendo la gestión de personas que ya están en su territorio aunque entraron por otro lugar y su gestión correspondería a otro.

El pacto está compuesto por cinco reglamentos: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención de los solicitantes de asilo. Este último es de gran trascendencia porque hasta ahora, esto le correspondía a los países en los que se produce la primera entrada del migrante en la UE, lo que incumbe en la mayoría de los casos a España, Italia o Grecia.

Al menos 11 muertos tras el ataque de Rusia a un edificio residencial en Ucrania