Bolsonaro, acusado formalmente de conspiración golpista y de planear el asesinato de Lula

La Fiscalía General de Brasil ha presentado una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo de haber aceptado y participado en un plan para perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula Da Silva. Según la acusación, el plan incluía acciones extremas, como el envenenamiento de Lula y el asesinato del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, una de las principales figuras que se ha enfrentado al bolsonarismo en los últimos años.

Bolsonaro, quien ha calificado la denuncia como "incoherente" e "inepta", podría enfrentarse a una pena de hasta 43 años de prisión si el Tribunal Supremo de Brasil decide abrir juicio en su contra. Se trata de la primera vez en la historia del país que un expresidente es acusado formalmente de intentar subvertir el orden democrático y atentar contra las instituciones del estado.

Una conspiración de alto nivel

El caso, basado en una extensa investigación de la Policía Federal, reveló que Bolsonaro y un grupo de 33 personas, entre ellas varios militares y exministros de su gobierno, organizaron un complot para impedir la toma de posesión de Lula da Silva en enero de 2023. La conspiración, bautizada como "Puñal Verdeamarillo", pretendía desestabilizar el país mediante una crisis social y forzada la intervención del Ejército para impedir la transición del poder.

Entre los acusados se encuentran figuras de alto rango, como el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y el antiguo jefe del espionaje brasileño, Alexandre Ramagen. La Fiscalía sostiene que el objetivo era lograr el "control total" sobre los tres poderes del Estado y que, para ello, se evaluaron “acciones extremas”, como el uso de armas de guerra contra Alexandre de Moraes y el asesinato de Lula mediante envenenamiento.

La denuncia, presentada por el fiscal general Paulo Gonet, describe una serie de reuniones y mensajes en los que Bolsonaro y sus colaboradores discutieron los pasos a seguir para ejecutar el golpe. El documento de 272 páginas destaca cómo el expresidente participó en encuentros donde se alentó la difusión de noticias falsas sobre el sistema electoral para generar desconfianza en las urnas electrónicas y preparar el terreno para la sublevación.

El papel de Bolsonaro y su respuesta

Aunque el exmandatario no reconoció públicamente la derrota en las elecciones de 2022, tampoco activo el golpe, según concluye la investigación. Sin embargo, la fiscalía sostiene que Bolsonaro aprobó y permitió la planificación del mismo.

De acuerdo con las pruebas reunidas, tras la victoria de Lula, Bolsonaro convocó a los comandantes de las Fuerzas armadas para proponerles un decreto que les otorgara poderes excepcionales para evitar la investidura del nuevo presidente. Mientras que los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea rechazaron la idea, el comandante de la Marina mostró su apoyo y ofreció a sus efectivos para la operación.

El expresidente, que perdió su inmunidad al dejar el cargo y no ocupa actualmente ninguna función pública, ha insistido en que es víctima de una "persecución política". Horas antes de que la denuncia se hiciera pública, Bolsonaro declaró ante la prensa en el Senado que "no tiene ninguna preocupación" y negó haber participado en cualquier conspiración.

En un comunicado posterior publicado por su equipo de abogada en X, aseguro que está "indignado" y reitero que "nunca ha apoyado ningún movimiento que atente contra el Estado democrático de derecho".

Reacciones y consecuencias

Desde el Partido de los Trabajadores (PT), la presidenta Gleisi Hoffmann calificó la denuncia como "un paso fundamental en la defensa de la democracia y el Estado de derecho". Aseguró que el país necesita justicia para evitar que "quienes intentaron cometer un fraude electoral, derrocar gobiernos legítimos y organizar asesinatos" puedan volver a atentar contra las instituciones.

El actual presidente, Lula da Silva, ha señalado en varias ocasiones que los responsables del intento de golpe deben rendir cuentas, aunque ha insistido en la necesidad de que el proceso judicial se lleve a cabo con garantías.

El Tribunal Supremo de Brasil deberá ahora decidir si admite la denuncia y abre un proceso penal contra Bolsonaro y los otros acusados. Si se confirma el juicio, el expresidente podría enfrentarse a una condena que lo mantendría fuera de la política durante décadas.

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