Una manifestación convocada por partidos de izquierda y movimientos sociales protestó este lunes en Sao Paulo contra las continuas declaraciones del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en favor de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
Que los criminales mueran "como cucarachas en la calle". Es lo que espera el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, según sus palabras, con la nueva legislación penal, que aún tiene que ser aprobada por el Parlamento. Esa ley permitirá a la Policía matar a presuntos delincuentes, sin consecuencias legales. Activistas pro derechos humanos denuncian que podría provocar un "baño de sangre".
De esta forma, varios centenares de personas se han reunido en la céntrica Avenida Paulista, en el corazón financiero de Brasil, para expresar su rechazo al régimen militar, que dejó un saldo 443 asesinatos o desapariciones por razones políticas.
Los manifestantes levantaron fotografías de algunas de las personas desaparecidas durante la dictadura, uno de los capítulos más oscuros de la historia de Brasil y cuya verdad oficial ha sido reiteradamente cuestionada por Bolsonaro, capitán del Ejército en la reserva.
Entre los desaparecidos de la época se encuentra Fernando Santa Cruz, padre del presidente del Colegio de los Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, y cuya memoria fue recordada hoy en una marcha pacífica celebrada en Sao Paulo bajo el lema "Dictadura nunca más".
Bolsonaro dijo recientemente que sabía la verdad sobre el paradero de Santa Cruz y atribuyó su muerte a un grupo de izquierdas, contradiciendo de nuevo los documentos de la Comisión de la Verdad. Sus palabras se suman así a una larga lista de declaraciones polémicas, infundadas o falsas sobre la dictadura y que han vuelto a abrir las heridas dejadas por un periodo que estuvo marcado por la represión y miles de casos de tortura, como recordaron los manifestantes.
"El presidente de Brasil, Bolsonaro, está rescatando un discurso histórico, que él no inventó: que la dictadura de Brasil no existió y que fue blanda. Necesitamos nuevamente llevar adelante esa lucha, decir que la dictadura existió, asesinó, provocó desaparecidos...", dijo a Efe Viviana Mendes, quien forma parte de una comisión de familiares de muertos y desaparecidos políticos.
El profesor Lucas Marcelino salió hoy a las calles de Sao Paulo para "rescatar la memoria, la verdad y la justicia" y seguir luchando para que "se encuentren los restos mortales de los desaparecidos políticos y hacer justicia de los que fueron asesinados y torturados". Como responsables de las torturas, el informe de la Comisión de la Verdad identificó a 377 agentes de la dictadura que no pudieron ser juzgados por una amplia amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que benefició tanto a militares como a miembros de grupos armados de izquierdas.
"Brasil no castigó a sus torturadores", lamentó Marcelino, en declaraciones a Efe. Uno de lo jefes del aparato represivo de la dictadura beneficiados por la amnistía fue Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quien Bolsonaro exaltó cuando todavía era diputado durante el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff (2011-2016). En su discurso, Bolsonaro se refirió a él como el "pavor de Dilma Rousseff", encarcelada y torturada por el coronel durante la dictadura por su relación con grupos guerrilleros.
El día de su polémico discurso, en 2016, Bolsonaro estuvo escoltado por su hijo y también parlamentario Eduardo Bolsonaro, quien hoy volvió a agitar la polémica al cuestionar en sus redes sociales las ayudas recibidas por las víctimas del régimen militar. "Hasta hoy casi 10.000 millones de reales (unos 2.531 millones de dólares) de los impuestos de los contribuyentes se han ido para pagar indemnizaciones y pensiones a amnistiados 'políticos'.
Es el 'subsidio dictadura'. De ahí el interés de muchos de decir que han sido perjudicados por el régimen militar de 1964-198$", ironizó en Twitter Eduardo Bolsonaro, quien podría ser nombrado embajador de Brasil en Estados Unidos.
