La UE busca vías para resolver la legalidad del preacuerdo con Turquía

La Unión Europea trabaja para resolver las dudas legales y prácticas que plantea el preacuerdo con Turquía para la deportación hacia este país de refugiados e inmigrantes irregulares desde Grecia, que espera cerrar con Ankara en el Consejo Europeo de la próxima semana.

Muchas ONG y la propia ONU han cuestionado el pacto porque consideran que no respeta los principios más básicos del Derecho internacional y europeo en materia de asilo, mientras que el bloque comunitario ha insistido en que el acuerdo final será conforme a la legalidad, aunque no parece tener claro aún cómo lograrlo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es el encargado de concretar los detalles del plan para frenar el flujo migratorio irregular hacia Europa, que como contrapartida incluye otros 3.000 millones de euros de ayuda a los casi tres millones de refugiados que alberga Turquía, adelantar a junio la liberalización de visados para ciudadanos turcos y agilizar el proceso de adhesión a la UE.

El preacuerdo trazado el martes permite expulsar hacia Turquía a todas las personas que lleguen a Grecia de forma irregular, aunque tengan derecho a recibir asilo, como sirios, eritreos y afganos que huyen de países en conflicto, a cambio de lo cual la UE se compromete a ofrecer vías legales de llegada a Europa a un sirio por cada persona deportada (el llamado mecanismo "uno por uno").

Los Veintiocho creen que este sistema ayudará a desmantelar el modelo de negocio de las mafias que trafican con personas y servirá para disuadir a los que intentan llegar a suelo comunitario porque ya no le verán sentido a jugarse la vida en el Egeo ante la certeza de que serán devueltos.

El problema es que el sistema, tal y como está trazado en estos momentos, implica la devolución masiva de personas sin tener en cuenta que pueden tener derecho a recibir protección y su traslado a un país como Turquía, en el que no está tan claro que se respeten los principios internacionales de asilo.

Además, la vía legal hacia la UE se ofrece solo a los sirios, sin especificar que pasaría con aquellos eritreos, afganos, iraquíes u otras personas que puedan tener derecho a recibir protección internacional.

"El acuerdo entre la UE y Turquía plantea dudas muy importantes. Entre mis preocupaciones principales está la posibilidad de las expulsiones colectivas, que son ilegales", afirmó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

"Las restricciones fronterizas que no permiten determinar las circunstancias de cada individuo violan la ley internacional y la ley europea", agregó. Human Rights Watch, por su parte, explica que aunque Turquía ratificó la Convención de Ginebra en 1951, que prohíbe expresamente la discriminación por motivos de raza, religión o país de origen, en la práctica el país mantiene "limitaciones geográficas" y excluye del derechos de solicitar protección a todas aquellas personas que no sean de nacionalidad europea.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha defendido que las reglas comunitarias permiten a un Estado miembro procesar una petición de asilo y derivarla a uno no comunitario siempre que lo considere "un país seguro", como es el caso de Grecia con Turquía.

Y por "país seguro" se entiende aquel en el que la persona no corra peligro y pueda solicitar asilo y ser refugiado en unas condiciones que respeten los estándares mínimos de la Convención de Ginebra.

La clave está por tanto en por qué Grecia considera a Turquía "país seguro" si no cumple los requisitos y en cómo hacer que los cumpla en un tiempo récord para que el acuerdo no sea sencillamente ilegal.

Está por ver qué formula encuentra la UE para que el acuerdo pase los filtros legales, y luego queda también en el aire hasta qué punto se aplica en la práctica el acuerdo.