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DATOS DEL FORO MALARIA EN LAS AMÉRICAS 2017
Los casos de malaria en Venezuela aumentaron un 76% en 2016 por la escasez y la crisis en el país
Las ofertas de tratamientos abundan en el mercado negro y las redes sociales ante la escasez de medicamentos, que la federación farmacéutica local cifra en un 85%.
La aguda crisis económica de Venezuela ha golpeado la salud de la población venezolana, algo que se ha reflejado en los casos de malaria en el país, que crecieron un 76% en 2016, según los últimos datos oficiales disponibles. El caso de Venezuela mostrado en noviembre en el foro Malaria en las Américas 2017, convocado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En el evento, que se celebró en Washington, los especialistas advirtieron de que se espera que el país contribuya con la mitad de los casos de malaria de la región este año, comparado con el 2,5 por ciento del año 2000.
Organismos no gubernamentales como la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional registraron hasta octubre un salto con respecto al 2016 de un 42 por ciento en los casos del estado de Bolívar, propenso al mosquito por ser una zona selvática, minera e industrial. Venezuela, que tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo, atraviesa ahora una aguda crisis con recesión, escasez de alimentos y medicinas, precios que suben cada semana y un parque industrial demasiado desmantelado como para asumir la fabricación de antipalúdicos y repelentes.
Aquellos que critican al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguran que su Gobierno ha asfixiado la economía del país con rígidos controles de cambio y precios, pero el mandatario alega que sus enemigos políticos sabotean la economía.
Eduardo Santamaría, un soldador de 31 años, ha perdido la cuenta de cuántas veces ha debido acudir en busca de tratamiento contra la malaria. Su madre, su esposa y sus tres pequeños hijos han sufrido en los últimos meses la enfermedad, que avanza en Venezuela como un síntoma de su profunda crisis sanitaria. Está demasiado débil y el acetaminofén ya no le baja la fiebre", señala Santamaría en un centro de salud del sureño estado de Bolívar, junto a su hija Sarai. A sus cinco años, la niña está infectada por el parásito que se transmite con la picadura de los mosquitos hembra del género Anopheles, que produce altas fiebres y dolores y mata a medio millón de personas al año en el mundo, la mayoría ellas niños. Según especialistas consultados por Reuters, en el sur de Venezuela se encuentra el 20% de los casos del país.
Reventa de medicamentos
Los médicos temen que la malaria, una enfermedad cuya incidencia viene en retroceso a nivel mundial, haya empezado a migrar hacia las ciudades más pobladas. En el caso del estado de Bolívar, la enfermedad ha llegado desde los centros de minería ilegal que abundan en la frontera con Colombia y Brasil. "En las minas tienes una proporción muy alta de adultos jóvenes, pero en la ciudad tienes niños, embarazadas y el problema que eso representa es más complejo: es la familia entera en riesgo de enfermar", explica el médico y exministro de Salud venezolano José Félix Oletta.
Las ofertas de tratamientos abundan en el mercado negro y las redes sociales ante la escasez de medicamentos, que la federación farmacéutica local cifra en un 85%. Maduro acusó recientemente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de bloquear la compra de medicamentos contra la malaria, para cumplir supuestamente con las sanciones financieras de Estados Unidos que prohíben a empresas de ese país hacer negocios con el Gobierno venezolano.
El ministro de Sanidad colombiano, Alejandro Gaviria, indicó luego que no interfieren en las ventas privadas de las farmacéuticas. En el pasado, grandes laboratorios se han quejado de que el Gobierno venezolano les adeuda miles de millones de dólares por compras. Las autoridades anunciaron en octubre finalmente la llegada de 200.000 pastillas. Los pacientes deben ir hasta cuatro veces a su centro de salud más cercano para completar la dosis gratuita, que no se entrega completa, ya que los funcionarios alegan que deben combatir la reventa.
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